Corte Suprema ratifica prisión para Iván Name y Andrés Calle por corrupción

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció la confirmación de la prisión preventiva a los excongresistas Iván Leonidas Name y Andrés David Calle, envueltos en un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este fallo, fechado el 22 de julio de 2026, resalta la gravedad de las acusaciones que enfrentan ambos políticos, quienes son investigados por delitos de cohecho impropio y peculado.

La Corte revocó algunas decisiones anteriores que habían limitado las evidencias y determinó que ciertas pruebas debían ser admitidas, además de expandir el marco temporal de la investigación desde 2021 hasta 2024. Esta resolución responde a apelaciones presentadas por las defensas que buscaban la nulidad de las decisiones previas relacionadas con la denegación de libertad y la solicitud de pruebas.

La acusación principal señala que Name y Calle recibieron sobornos significativos, 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente, con el objetivo de influir en la aprobación de reformas clave por parte del gobierno, incluidas modificaciones al sistema de salud y pensiones. Estos fondos habrían sido recibidos en efectivo en octubre de 2023, configurando así el delito de cohecho impropio, ya que se sostiene que aceptar el dinero implica un acto de corrupción, independientemente de que las decisiones legislativas estuviesen o no en su ámbito de control.

Los cargos se conectan con un caso más amplio que implica también a otros funcionarios y destaca la cadena de complicidad en la apropiación de recursos, donde los fondos cuestionados se originaron de un préstamo utilizado para financiar la compra de suministros destinados a La Guajira. En este sentido, la Corte ha considerado que hay evidencia suficiente, incluidos mensajes de texto que respaldan las acusaciones, para requerir el juicio de los implicados.

La defensa ha cuestionado la validez de algunos testimonios presentados, pero la Corte ha dado a conocer que las pruebas y testimonios reunirían los criterios necesarios para avanzar con el proceso. Aunque la Procuraduría había sostenido que los fondos provenían de un particular y, por ende, no se configuraría el peculado, la Sala Especial de Instrucción desestimó este argumento y confirmó la necesidad de hacer frente al juicio.