Cortés rechaza la creación de una comisión para pase a planta en Bariloche

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, decidió vetar una ordenanza que establecía la formación de una comisión encargada de evaluar el pase a planta permanente de aproximadamente 400 trabajadores municipales actualmente bajo contratos temporales. La decisión se basa en la percepción de Cortés de que esta normativa representaba una "injerencia directa" en las funciones del Ejecutivo.

La ordenanza, que había sido aprobada en el Concejo Deliberante a inicios de septiembre, preveía la creación de una comisión mixta que incluiría representantes del Ejecutivo, del Concejo y del sindicato de empleados municipales Soyem. El objetivo de esta comisión era analizar las condiciones laborales de los contratados para decidir su posible inclusión en la planta oficial de personal municipal.

Este veto llega como la segunda acción de este tipo por parte de Cortés en un corto plazo, dado que ya había rechazado previamente una iniciativa similar que facilitaba la regularización laboral sin el mismo nivel de revisión. La ordenanza ahora vetada había levantado críticas de los concejales del bloque oficialista PUL, quienes votaron en contra, generando una atmósfera de tensión política en el deliberante local.

Entre los argumentos esgrimidos por el intendente para rechazar la norma se encuentra la preocupación por los costos financieros asociados a la inclusión de un gran número de nuevos agentes en la planta permanente. Cortés indicó que el Concejo Deliberante no había aprobado la ordenanza fiscal y tarifaria correspondiente para 2026, lo que complica la capacidad del municipio para asumir nuevos gastos.

Asimismo, el intendente cuestionó la estructura de la propia ordenanza, que según su criterio establece obligaciones específicas al Ejecutivo a partir de un listado que emergiría de la comisión, y considera que se le conceden poderes de decisión a personas ajenas al manejo del municipio, lo que pone en riesgo la gestión directa de los recursos administrativos.

La situación ahora demandará que el Concejo Deliberante analice el veto, que necesitará de al menos ocho votos para ser revocado. Esta misma dinámica se da en un contexto mayor de debates sobre la estructura laboral municipal y la necesidad de respuestas a la situación precaria de ciertos grupos de trabajadores, lo que genera un clima de incertidumbre en la administración pública local.

Con la postura exhibida por Cortés, se abre un complejo panorama para la discusión sobre la regularización de los contratados en Bariloche, reforzando la actualidad vinculada a los derechos laborales y el manejo de los recursos públicos en la ciudad.