Costa Rica retira tomacorrientes en cárceles tras decomisos de electrodomésticos

En el contexto de intensas reformas en el sistema penitenciario, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha ordenado al Ministerio de Justicia proceder con el retiro de todos los tomacorrientes en las celdas de las prisiones del país. Esta decisión se tomó luego de que un operativo nacional revelara la presencia de 352 televisores y 238 hornos de microondas en las celdas, aparatos que las autoridades consideraron un lujo injustificado para los internos.

Durante una conferencia de prensa, Fernández consultó sobre los resultados de un compromiso asumido por su Gobierno para eliminar estos electrodomésticos. El ministro de Justicia informó que, conforme a las directrices establecidas, el operativo se llevó a cabo cumpliendo las metas establecidas al inicio de su gestión. La mandataria, al recibir la confirmación de que ya no quedan estos aparatos en las celdas, dio una instrucción adicional para retirar los tomacorrientes, considerando que estos dispositivos podrían ser manipulados y utilizados para fines no autorizados.

La medida de eliminar los tomacorrientes es parte de una política más amplia del actual Gobierno costarricense para reducir privilegios en las cárceles y mejorar la seguridad interna. En los últimos meses, la administración ha enfatizado la necesidad de que los centros penales se concentren en la seguridad y en los procesos de reinserción social, dejando atrás beneficios que consideran desproporcionados en comparación con la realidad de los internos.

La eliminación de televisores y microondas se había anunciado en las primeras semanas de la nueva gestión, buscando asegurar que el sistema penitenciario se ajuste más a su función básica. Con la reciente instrucción de retirar los tomacorrientes, se busca prevenir el regreso de dispositivos eléctricos a las celdas y evitar su uso para propósitos inapropiados.

La ejecución de estas medidas recaerá sobre la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria, que deberán coordinar los trabajos para desactivar las conexiones eléctricas en las celdas. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cuántas cárceles serán afectadas ni los costos asociados con esta iniciativa.

Esta acción del Gobierno responde a una creciente preocupación sobre los estándares de seguridad en las cárceles costarricenses, y a la voluntad de los funcionarios de reducir todo tipo de privilegios de este tipo, dada la relación de las celdas y los recursos disponibles a los internos. Se espera que esta decisión genere repercusiones en la gestión diaria de los centros penitenciarios, marcando un cambio significativo en las condiciones que enfrentan los privados de libertad en el país.