Críticas al intrusismo de la terapeuta en el caso Andic: implicaciones para la salud mental

La muerte de Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango, ha suscitado un intenso debate en las esferas de la salud mental, especialmente debido a la implicación de una terapeuta no registrada. Júlia Lüderwalt, que asistió a la familia Andic, se ha convertido en testigo clave en la investigación judicial que rodea sus circunstancias de fallecimiento. Este caso ha puesto de manifiesto la campaña del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC) contra el intrusismo laboral y la mala praxis, dado que Lüderwalt carece de un registro oficial en ningún colegio profesional español.

A medida que avanza la investigación, expertos en psicología destacan las diferencias fundamentales entre un psicólogo y un terapeuta. Mientras que los psicólogos requieren una titulación universitaria y habilitación sanitaria, la figura del terapeuta no tiene un marco regulatorio claro, lo que puede conllevar riesgos para los pacientes. Beatriz Fernández Moreno, psicóloga y docente, enfatiza que no toda persona que use el título de "terapeuta" cuenta con la formación o la autorización para intervenir en la salud mental de otros.

En España, los psicólogos deben cumplir con requisitos específicos para poder ejercer en ámbitos clínicos, ya sea a través de un máster en Psicología General Sanitaria o un specialistado en Psicología Clínica (PIR). Aquellos que trabajan con familias deben demostrar una competencia que garantice su capacidad de intervención, lo que plantea serias cuestionamientos sobre la práctica no regulada de Lüderwalt.

Dado el vacío legal que rodea la práctica de los terapeutas no registrados, la actuación de Lüderwalt en el caso de Andic podría no solo ser inapropiada, sino potencialmente peligrosa. Esta situación invita a una reflexión más amplia sobre las leyes que rigen la salud mental y el perfil del profesional que debe intervenir en problemas sensibles y complejos.

La investigación del COPC, que busca aclarar si se cometieron delitos relacionados con el intrusismo laboral, podría tener repercusiones significativas para quienes ejercen sin la capacitación adecuada. Esto también pone en riesgo la confianza pública en la profesión psicológica, ya que los pacientes merecen estar respaldados por profesionales calificados que se adhieran a normativas estrictas.

Con el trasfondo de la atención a la salud mental en la sociedad contemporánea, el caso Andic resalta la importancia de garantizar estándares elevados en el ejercicio profesional. Las próximas medidas que tomará el COPC serán cruciales no solo para la resolución del caso, sino para la regulación de un sector que ha visto un auge en la demanda de servicios terapéuticos en los últimos años.