Críticas por el caso de Jeisson Rojas tras ser arrollado por ambulancia

La situación de Jeisson Rojas Orozco, un joven que sufrió graves lesiones tras ser arrollado por una ambulancia en Bogotá, ha puesto en relieve la atención brindada por las instituciones a las víctimas de accidentes con vehículos oficiales. Este incidente ha evidenciado una aparente falta de apoyo por parte de las autoridades locales, lo cual ha llevado a críticas contundentes por la falta de medidas adecuadas después del accidente.

El concejal Jairo Avellaneda denunció ante el Concejo de Bogotá que Jeisson fue dado de alta sin recibir el acompañamiento necesario para su recuperación, obligándolo a regresar a su hogar por su cuenta. Este hecho ha sido calificado por el legislador como inaceptable, llamando a la Administración distrital a brindar respuestas claras y a asumir su responsabilidad en este caso.

Desde el accidente, Avellaneda ha resaltado el silencio de la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Salud, lo que intensifica las preocupaciones sobre la falta de protocolos de ayuda para lesionados en incidentes que involucran ambulancias. A pesar de la crítica situación, la respuesta oficial ha sido considerada insuficiente, lo cual ha dejado a Jeisson y su familia sin el soporte esperado en un momento crítico.

La gerente de la Subred de Servicios de Salud Suroccidente, Andrea Hurtado Neira, se pronunció en un comunicado expresando solidaridad con la familia de Jeisson y asegurando que se han mantenido canales de comunicación. Sin embargo, Avellaneda contradijo estas afirmaciones, insistiendo en que la respuesta institucional llegó tarde y que no se cumplieron las mínimas garantías de atención para el joven.

El contexto del caso de Jeisson también refleja una problemática mayor relacionada con las infracciones de ambulancias en Bogotá. Este tipo de vehículos ha acumulado un total de 130 comparendos por diversas faltas en el primer semestre de 2026, lo que implica un escenario de riesgo para la seguridad vial y de los peatones. Las infracciones más comunes incluyen transitar zonas restringidas y no realizar las revisiones técnicas necesarias, lo que plantea interrogantes sobre la normativa que regula su funcionamiento en la ciudad.

La comunidad ha expresado su expectativa de respuestas efectivas por parte de las instituciones en situaciones tan delicadas, donde la vida de un ciudadano está en juego. La falta de acción por parte de las entidades gubernamentales podría tener un impacto significativo en la confianza pública, sobre todo frente a la necesidad de justicia y salvaguarda de derechos ante incidentes que involucran vehículos del Estado. La presión sobre las autoridades para que asuman su responsabilidad sigue en aumento, mientras se aguarda un abordaje más integral y humano en la atención de casos similares.