Cuatro policías de General Roca aguardan sentencia por vejaciones y amenazas
Cuatro policías de General Roca enfrentan una posible condena por vejaciones y amenazas a adolescentes. La Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre 4 años y 2 meses y 4 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que las defensas apelan a condenas condicionales.

En la ciudad de General Roca, cuatro oficiales de policía están a la espera de la sentencia por su implicancia en actos de violencia y amenazas contra dos adolescentes en un incidente ocurrido en junio de 2024, en el barrio Alta Barda. Durante la reciente audiencia de cesura, la Fiscalía solicitó penas que varían entre 4 años y 2 meses y 4 años y 10 meses de prisión efectiva, argumentando la gravedad de los delitos cometidos y solicitando la inhabilitación para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
Los acusados, Jorge Luis Espinoza, Mauricio Omar Escobar, Ana María Marilaf y Betiana Soledad Beltrán, fueron reconocidos como responsables de privación ilegítima de la libertad agravada, así como de vejaciones y amenazas con arma. La Fiscalía describió cómo, de manera premeditada, los policías utilizaron armas reglamentarias para amedrentar a los jóvenes, lo que provocó no solo lesiones físicas, sino también daños psicológicos, que fueron corroborados mediante testimonios en Cámara Gesell.
El fiscal del caso resaltó, además, las maniobras que se llevaron a cabo para entorpecer la investigación, que incluyen un supuesto "pacto de silencio" y la eliminación de evidencias en la sede del Sistema de Asistencia a Víctimas de la Justicia (Siarme). En este sentido, se apuntó a la falta de arrepentimiento de los acusados como un agravante en la evaluación de las penas.
Por su parte, las defensas de los imputados han rechazado las solicitudes de la Fiscalía, buscando penas de ejecución condicional y argumentando a favor de una visión más benigna que tome en cuenta las circunstancias personales de los acusados. El abogado Juan Pablo Chirinos, representando a uno de ellos, postuló una pena de dos años de prisión en suspenso, sugiriendo que podrían involucrarse en cursos sobre derechos humanos y violencia institucional como una forma de adecuarse a la conducta esperada.
La sentencia definitiva será anunciada el 2 de noviembre en los Tribunales de Roca, donde los jueces determinarán la pena correspondiente a cada uno de los acusados en función de las evidencias presentadas y los testimonios recabados durante el juicio. La expectativa está centrada en cómo se abordará la situación de estos efectivos policiales, en un contexto donde la confianza en las fuerzas de seguridad es crucial para la convivencia de la comunidad.