Cuatro policías imputados por golpiza a jóvenes en Centenario

En Centenario, Neuquén, cuatro policías fueron imputados por su participación en una violenta agresión contra dos jóvenes ocurrida a la salida de un boliche. Esta situación fue documentada a través de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar, lo que resultó fundamental para la investigación judicial. El hecho sucedido el 1 de agosto, ha generado una fuerte repercusión en la comunidad local y en la prensa regional.

La fiscal Paula González, junto con la asistente letrada Noelia Stillger, presentó formalmente la acusación, que comprende cargos por vejaciones. Entre los imputados se encuentran tres hombres —el sargento Alejandro Gavilán, el cabo primero Nahuel Quiroz y el cabo primero Antonio Millao—, y una mujer, la agente Agustina Benítez, quienes pertenecen a distintas comisarías de la zona. A partir del 11 de agosto, todos los efectivos han sido pasados a disponibilidad por una decisión del jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez.

Según la información que maneja la Fiscalía, los hechos comenzaron a las 5:20 de la madrugada, cuando los jóvenes fueron sacados del boliche por personal de seguridad privada. En ese momento, el grupo de policías se acercó a ellos, y a partir de ahí se desató la agresión. Un video muestra cómo uno de los uniformados toma carrera y taclea a una de las víctimas para luego golpearlo repetidamente.

La secuencia de violencia continuó, pues tras un intento de alejarse de la escena, una de las víctimas regresó al boliche y fue sometido nuevamente a una golpiza. La intervención de su amigo para ayudarlo también fue respondida con agresiones por parte de los policías. En total, ambos jóvenes sufrieron diversas lesiones, que van desde hematomas y excoriaciones hasta lesiones más complejas que requieren atención médica.

La falta de acción de la agente Benítez durante los hechos también ha sido objeto de análisis, ya que se le imputa que no intervino para frenar la agresión a pesar de sus obligaciones como policía. La situación ha hecho resurgir el debate sobre el uso de la fuerza y el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones en la región.

La comunidad de Centenario ha manifestado su indignación ante la violencia ejercida por quienes deben garantizar la seguridad pública. Este incidente ha llevado a cuestionar la confianza en las autoridades y a exigir medidas más estrictas para garantizar la responsabilidad de los uniformados en su accionar.

La próxima fase del caso incluirá audiencias para determinar el culpabilidad de los implicados y posibles sanciones adicionales. La atención de la Fiscalía se centra en asegurar que se haga justicia por las lesiones sufridas por las víctimas y en prevenir futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad.