Cuerpo confía en evitar conflicto judicial sobre menores migrantes
El vicepresidente español, Carlos Cuerpo, expresó su deseo de no entrar en conflictos legales con el PP sobre el reparto de menores migrantes provenientes de Ceuta. Atribuyó la reticencia de las comunidades gobernadas por el PP a sus pactos con Vox.

El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado públicamente su esperanza de que no se genere un conflicto judicial entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) por la negativa de algunas comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes que han llegado a Ceuta. Durante una entrevista en Televisión Española, Cuerpo criticó esta actitud, sugiriendo que está motivada por el temor del PP a afectar su alianza con el partido Vox.
Cuerpo hizo hincapié en que no existe debate en torno a la obligación de las comunidades autónomas de cumplir con la ley que regula la protección de menores inmigrantes. Destacó la importancia de un reparto equitativo para aliviar la presión migratoria en regiones como Canarias, Ceuta y Melilla, haciendo un llamado a la solidaridad de todas las comunidades en este contexto.
Frente a las declaraciones de figuras del PP que expresan dudas sobre la implementación de este reparto, el vicepresidente insistió en que el cumplimiento de la ley debe ser la única guía para quienes tienen responsabilidades en el ámbito gubernamental. Reconoció que varios líderes del PP habían visitado Ceuta en fechas recientes, lo que, a su juicio, parecía un intento de mostrar apoyo; sin embargo, cuestionó qué mensaje enviaría si luego se negaran a aceptar a los menores.
Cuerpo consideró que la negativa a acoger a inmigrantes podría ser vista como un "mensaje pobre", a la luz de las visitas que realizaron los líderes del PP a Ceuta. Al respecto, sugirió que la posición del partido es consecuencia de sus acuerdos con Vox, dado que la inmigración es un tema que ha causado tensiones en anteriores negociaciones entre ambos partidos en distintas comunidades autónomas.
Este hecho se perfila como un tema delicado en la política española actual, especialmente en el marco de las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. En un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema candente, la gestión de estos flujos de personas es un desafío no solo a nivel administrativo, sino también ético.