Damnificados por estafa en construcción con Procrear exigen justicia en Neuquén

Un grupo de familias de Neuquén se encuentra en una situación crítica debido a un presunto esquema de estafa asociado a Dharma Construcciones, quien debía realizar obras en terrenos otorgados mediante el plan Procrear. Desde el año 2020, los afectados, liderados por Rafael Rebolledo, han intentado obtener respuestas de la justicia que aún no ha formulado cargos contra la empresa, a pesar de las evidencias que han recopilado sobre la falta de avance en la construcción de sus viviendas.

Rebolledo y su pareja firmaron un contrato para la construcción de un dúplex de 112 metros cuadrados en un lote del Distrito 7 y, tras pagar el 70% del monto total, la empresa solo completó la platea y el cerramiento de la vivienda, abandonando el proyecto sin justificación. A partir de este punto, los reclamaros por parte de los damnificados fueron constantes, pero según ellos, las respuestas de Dharma fueron evasivas.

Los afectados sostienen que la situación se complicó aún más cuando, tras notificar a la empresa, este cerró su local, dejando a las familias sin ningún recurso. A pesar de haber obtenido una sentencia judicial que condena a Dharma a concluir la obra y fija una indemnización de 9 millones de pesos, los damnificados quedan con el vacío de que la empresa podría ser insolvente y no cumplir con el fallo.

Esta incertidumbre se agrava en el contexto económico actual, donde el costo de las viviendas ha aumentado considerablemente. Los damnificados estiman que la obra que no se concretó valdría hoy alrededor de 70 mil dólares, muy por encima de lo que ya habían abonado. Rebolledo menciona que, a pesar de contar con un fallo a su favor, este no tiene peso si la empresa no tiene bienes a su nombre para ser embargados.

El grupo de damnificados ha criticado la lentitud del sistema judicial y la falta de interés en avanzar en el caso, señalando que parece que solo se priorizan aquellos asuntos que generan repercusión política. Lo que les preocupa es que esta situación podría dar la impresión de que la justicia en Neuquén no está a la altura de las circunstancias cuando se trata de proteger a los ciudadanos afectados por fraudes.

Hasta el momento, se conoce que existen unas 80 familias afectadas por esta situación, quienes han comenzado acciones civiles y se plantean esperar el desenlace de su reclamo, aunque sin garantías concretas sobre la recuperación de su inversión.