Declaran improcedente el despido de secretaria del PSOE tras 30 años de servicio

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó una sentencia que declara improcedente el despido de una trabajadora que había estado vinculada al Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) durante más de 30 años. La afectada, que desempeñaba funciones de técnico administrativo y documentalista desde 1991, fue despedida en julio de 2025 bajo el argumento de una reestructuración interna basada en una auditoría externa que consideraba que su puesto era superfluo.

La trayectoria de la trabajadora comenzó en 1991 tras acceder a través de un concurso público, y con el tiempo llegó a ser secretaria de Txarli Prieto, un exlíder del partido. A lo largo de su carrera, su labor incluyó la gestión de agendas y la comunicación interna. Sin embargo, tras un período de incapacidad temporal, su relación laboral pasó por un despido disciplinario que también fue considerado improcedente, resultando en su readmisión.

En marzo de 2025, bajo nueva dirección, se realizó una auditoría que determinó que su trabajo como documentalista podía ser realizado por otros miembros del equipo, lo cual llevó a su despido. La organización pagó una indemnización de casi 42 mil euros, conforme a la normativa vigente. Sin embargo, tras impugnar la decisión en los tribunales, la trabajadora argumentó que su despido violó derechos fundamentales.

El Juzgado de lo Social inicialmente falló a favor de la improcedencia del despido y otorgó al partido la opción de readmitirla o indemnizarla. Posteriormente, al apelar la decisión, el Tribunal Superior concluyó que no hubo indicios de represalias ni discriminación en su desvinculación, manteniéndose la indemnización de 68 mil euros fijada en la sentencia.

La resolución permite que la trabajadora opte por su reincorporación o por la compensación monetaria, abriendo la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Este caso pone de relieve la importancia de garantizar los derechos laborales y el debido proceso en la terminación de contratos laborales, en un contexto en el que las reestructuraciones son comunes en distintos sectores, incluido el político.

Este fallo resuena particularmente en el panorama social y político del País Vasco, donde las luchas por los derechos de los trabajadores y las mujeres en contextos laborales han cobrado creciente relevancia en la última década.