Defensa de docente condenado en San Antonio Oeste solicita nulidad del juicio

Osvaldo Andrés Leal, docente condenado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva por abusar de once niñas en San Antonio Oeste, presentó un recurso a través de su defensa que cuestiona la validez de su juicio y sentencia. Este planteamiento fue llevado ante el Tribunal de Impugnación en Viedma, donde el abogado Emiliano Gallego argumentó la falta de firma de los querellantes en los documentos presentados y la supuesta exclusión de una perito psicológica de parte durante el proceso.

Durante la audiencia, el tribunal, compuesto por Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y Carlos Mussi, escuchó a la defensa así como a la representación del Ministerio Público Fiscal y las querellas. El abogado defensor subrayó que sus argumentos apuntan a una "indefensión" de Leal y enfatizó que las partes involucradas en el juicio no estaban debidamente certificadas. Además, insistió en que la sentencia se basó en una única perspectiva técnica desfavorable para su cliente.

El fiscal Gustavo Arbués y los querellantes, Damián Torres y Julio Alonso, expusieron su oposición a la solicitud de nulidad, argumentando que las bases presentadas por la defensa carecían de consistencia. El fiscal recordó que planteos similares ya habían sido rechazados en instancias previas, destacando que la prueba que propuso la defensa no fue aceptada por las reglas del litigio. Igualmente, se subrayó que la exclusión de pruebas se justificó y fue consensuada con las normas establecidas.

Por su parte, Nélida Flores, Defensora Adjunta de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, abogó por un enfoque que contemple la perspectiva de género y la niñez en la resolución del caso. En esta misma línea, los querellantes enfatizaron que la defensa busca fundamentos para anular el juicio sin sustento válido, reafirmando que el proceso legal ha seguido sus debidos cauces.

Leal, por su parte, se enfrenta a un fallo que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia, lo que además marca un precedente significativo en casos de abuso infantil en la región. La resolución del Tribunal de Impugnación se espera con atención, ya que podría impactar no solo en el caso específico, sino también en la forma en que se manejan estos delitos en el futuro.