Defensa en caso de certificados médicos falsos plantea dificultades de representación
Durante la décima audiencia de una causa sobre certificados médicos falsos en la Policía provincial, se plantearon serias preocupaciones sobre la representación legal de los 14 imputados. El defensor apeló a diferencias individuales en los intereses de los acusados, lo que dificultaría una defensa efectiva en este caso complejo.
En el contexto de la investigación por el uso de certificados médicos falsos en la Policía provincial, se llevó a cabo la décima audiencia del proceso, donde la Defensa Pública destacó la imposibilidad de un solo defensor para representar adecuadamente a las 14 personas imputadas. Camilo Curi, defensor penal, enfatizó que la diversidad de intereses y las distintas responsabilidades de cada acusado complican la búsqueda de una asistencia legal individual y eficiente, lo que podría llevar a conflictos éticos en el proceso judicial.
Curi explicó que la causa involucra 14 teorías del caso independientes, lo que implica que las decisiones de un imputado pueden alterar la posición técnica de los otros. A su juicio, si no se aborda esta cuestión, se podrían generar nulidades que afecten la continuidad del proceso judicial. Además, el defensor sugirió la implementación de mecanismos de resolución pacífica que fomenten el diálogo y alternativas más allá de las sanciones estrictamente penales, considerando que la investigación afecta a alrededor de 200 empleados policiales.
En paralelo, se reafirmó un pedido inicial de incompetencia territorial, argumentando que las infracciones no se habrían cometido en Viedma. Curi sostuvo que los certificados eran adquiridos en General Roca y que su uso se creó en el Alto Valle, donde los acusados prestaban servicio. Esta línea argumentativa fue respaldada por otros defensores y varios abogados particulares de la región, quienes cuestionaron la jurisdicción de los tribunales de la capital provincial.
La defensa argumentó que para abordar el delito de defraudación al Estado, es esencial considerar los lugares donde se ejecutaron las acciones ilegales y donde se recolectó la evidencia. La Fiscalía, por su parte, objetó esta solicitud y defendió la continuidad de las actuaciones en Viedma, justificando que es allí donde se ubica el gobierno provincial y, por ende, donde se habrían producido los perjuicios a las arcas públicas.
En respuesta a la petición de excusación del defensor público, la fiscalía dejó en claro que esta decisión debe ser resuelta por el Defensor General, y no por el juez de garantías correspondiente. Este intercambio de argumentos marca un importante punto en el proceso judicial, que ya ha generado un ciclo de excepciones procesales, actualmente en un estado avanzado.