Definirán en noviembre la competencia sobre la causa de certificados médicos falsos

La investigación sobre el uso de certificados médicos falsos por parte de agentes públicos de la provincia se halla en una etapa crucial. El juez Adrián Dvorzak se pronunciará a principios de noviembre sobre la competencia judicial de la causa, que podría continuar en Viedma o trasladarse a los tribunales de General Roca. La Fiscalía argumenta que el Estado provincial fue perjudicado en la capital, mientras que las defensas cuestionan que los hechos denunciados tengan relación con esta jurisdicción.

El caso, que se originó a partir de una denuncia presentada por el gobierno provincial, incluye a 119 agentes públicos sospechosos de obtener licencias por enfermedad utilizando certificados falsos. La investigación se extiende por aproximadamente dos años y ha generado un intenso proceso judicial con diversas audiencias. Hasta ahora, se han programado 15 convocatorias para que se presenten los imputados, de las cuales cuatro han sido suspendidas. El primer debate tuvo lugar a principios de junio, dando inicio a una serie de presentaciones que se desarrollarán en los próximos meses.

En la reciente audiencia, el defensor de uno de los imputados, el abogado Vega, planteó objeciones a la competencia de la Primera Circunscripción Judicial. Sostuvo que el delito se consuma en el momento en que se presenta el certificado en la repartición pública, razón por la cual debe considerarse el lugar donde se realizó la inasistencia laboral. Esto podría nos comprometer la competencia según donde hayan ocurrido los hechos más allá de la sede administrativa provincial.

Además de los 119 agentes, una médica sería responsable de la confección de los documentos y su pareja también enfrenta cargos por ser considerados partícipes necesarios. La defensa enfatizó la necesidad de re-evaluar la ubicación de la causa, citando que los allanamientos y la recolección de pruebas se llevaron a cabo en Cipolletti y General Roca, señalando que los testigos y los propios imputados están vinculados a esas localidades.

La decisión del juez Dvorzak será relevante, no solo para el futuro del proceso penal, sino también para el impacto que puede tener en el funcionamiento de la administración pública provincial. La correcta delineación de la competencia puede sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público, especialmente en la utilización de documentación falsa, una problemática que afecta la credibilidad del Estado.

Con un seguimiento minucioso por parte de la opinión pública sobre los desarrollos de este caso, la resolución de noviembre marcará un hito en el avance judicial y la posible rectificación de situaciones irregulares dentro de la administración estatal.