Demanda por 26.000 millones de dólares por pesca ilegal en Malvinas
Una demanda colectiva busca una indemnización de hasta 26.464 millones de dólares por la explotación pesquera en Malvinas. La acción legal involucra a empresas pesqueras, bancos y astilleros que han participado en esta actividad desde 1989.

Una reciente demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego solicita una indemnización que asciende hasta 26.464 millones de dólares por la extracción pesquera no autorizada en las Islas Malvinas. La acción, interpuesta por la Fundación Agustina Lerena en el Juzgado Federal de Río Grande, argumenta que se han llevado a cabo capturas ilegales durante un período de 37 años, entre 1989 y 2025, y tiene como objetivo obtener no solo reparaciones económicas, sino también la reparación del daño ambiental causado.
El monto de la demanda se basa en un total de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros considerados extraídos sin autorización argentina. La Fundación calcula que las pérdidas económicas podrían variar dependiendo del método de valoración utilizado, resultando en un mínimo de 12.351 millones de dólares según el valor FOB (franco a bordo) hasta un máximo de 26.464 millones de dólares si se considera el precio mayorista. Además, se solicita que se sumen a estas cifras los derechos de captura y otros impuestos que no habrían sido abonados al Estado argentino.
Entre las entidades a las que se dirige la demanda se encuentran no solo empresas pesqueras, sino también un conjunto de bancos, astilleros y aseguradoras implicados en el financiamiento de estas operaciones. En total, se mencionan 12 empresas de bandera española y siete sociedades mixtas que operan bajo el nombre de ‘Falklands’. También se menciona el alcance de la demanda a cuatro bancos españoles que han formado parte de este entramado financiero.
Este reclamo judicial se produce en un contexto de endurecimiento de la postura argentina frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, coincidiendo con las recientes acciones del gobierno de Javier Milei para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, promovido por empresas de Reino Unido e Israel. Estas medidas buscan defender la soberanía sobre los recursos del mar argentino, en un momento en que la demanda por la pesca en Malvinas reanuda el debate sobre la explotación de recursos en áreas conflictivas.
La solicitud incluye medidas cautelares y una amplia variedad de conceptos tributarios que abarcan desde el IVA hasta derechos de exportación, subrayando la complejidad del caso y la intención de buscar una reparación integral del daño infligido al país. Con esta presentación, la Fundación Agustina Lerena se posiciona como un actor clave en la defensa de los intereses de la Argentina sobre la actividad pesquera en torno a las islas, un tema de larga data en la agenda nacional.
En términos de impacto regional, este caso podría marcar un punto de inflexión en la relación del país con la explotación de sus recursos marítimos, al mismo tiempo que podría incentivar a otras provincias a tomar acciones similares en defensa de sus derechos sobre la pesca y otros recursos naturales.