Denuncia de diputado sobre inhabilitaciones de Harbour Energy por sus lazos con Malvinas

Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, ha planteado inquietudes respecto a la participación de Harbour Energy en Southern Energy S.A. (SESA), la empresa que se beneficia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la producción de gas natural licuado desde el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Su denuncia, publicada en redes sociales bajo el título "Inhabilitada por Malvinas, premiada por el RIGI", busca respuestas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller Pablo Quirno.

La controversia surge de una resolución emitida en 2013 que sancionó a Premier Oil PLC, que luego cambió su nombre a Harbour Energy, por operar en la plataforma continental cerca de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. Esta sanción tiene una vigencia que se extiende hasta 2028. Ferraro sostiene que el cambio de nombre no altera la inhabilitación, ya que las sanciones persisten independientemente de la modificación administrativa realizada.

El diputado fundamentó su denuncia en varios artículos de la ley 26.659, que prohíbe no solo a la empresa operar sin autorización, sino también a sus accionistas y establece que el Estado no debe contratar a empresas inhabilitadas. Criticó que los organismos involucrados no hayan considerado este antecedente en los procesos legales relacionados con la aprobación del RIGI para Harbour Energy.

Tres días antes de la denuncia de Ferraro, el presidente Javier Milei hizo un anuncio que establece la obligación de las empresas que deseen acceder al RIGI de presentar declaraciones juradas sobre su cumplimiento con la ley 26.659. Este decreto es un cambio significativo en la normativa, ya que busca asegurar que las empresas cumplan con los requisitos establecidos para operar en la Argentina, en especial en lo que respecta a la problemática de Malvinas.

El impacto regional de esta denuncia es considerable, dado el rol actual de Harbour Energy en la cuenca neuquina, donde ha llevado a cabo varias actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo. Sin embargo, lo que genera más atención son las implicancias políticas y legales de permitir que una empresa inhabilitada continúe participando en proyectos estratégicos para la energía.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades ahora deben investigar la situación de Harbour Energy a la luz de la denuncia de Ferraro y los nuevos lineamientos impuestos por el gobierno. El futuro inmediato de esta relación comercial dependerá de la respuesta del gobierno y de la interpretación de la legislación actual.

La denuncia también resalta un contexto más amplio sobre el manejo de recursos naturales en el país, temas de soberanía y las relaciones con empresas extranjeras, especialmente aquellas con antecedentes complicados en términos de normativas locales.