Denuncian a funcionaria por irregularidades en su título de doctorado en IA

La política argentina atraviesa un momento de agitación tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestiona la validez de los títulos académicos en el gobierno. Pagano, exmiembro del partido Libertad Avanza, lanzó esta acusación a través de sus redes sociales, poniendo en la mira a Adriana Baravalle, actual secretaria de Ciencia y Tecnología, y su doctorado en inteligencia artificial supuestamente obtenido en una universidad no convencional en Hawái.

La denuncia señala que el doctorado en cuestión proviene de la American Anthropology University, una institución que ha sido objeto de controversia por ofrecer títulos de posgrado de forma rápida y económica. Según la denunciadora, el proceso para obtener el título de doctorado no requiere de la tradicional carga académica ni de exámenes, salvo el pago de 400 dólares, un costo publicitado especialmente para estudiantes argentinos. Pagano realizó un video en el que expone su propia experiencia al intentar conseguir un diploma similar, evidenciando la facilidad con la que se puede obtener el título.

Pagano compartió que logró obtener un analítico con calificaciones sobresalientes en menos de una semana, lo cual refuerza su argumento sobre la falta de rigor académico en dicha universidad. Esta revelación ha generado un amplio debate sobre la integridad de las credenciales académicas de quienes ocupan altos cargos en el gobierno, y suscita preocupación dentro de la comunidad científica sobre la devaluación del esfuerzo académico.

Ante la gravedad de la situación, Pagano ha exigido a Baravalle que aclare la autenticidad de su título y justifique su capacidad para dirigir una secretaría de vital importancia como la de Ciencia y Tecnología. Esta exigencia se enmarca en un contexto en el que se espera que los funcionarios posean la formación adecuada para cumplir con sus responsabilidades, lo que se ve amenazado por este tipo de prácticas.

A nivel judicial, la diputada ya ha remitido la documentación que respalda su denuncia y ahora las autoridades deben analizar el panorama en busca de esclarecer la situación. Este episodio pone en evidencia la necesidad de revisar y validar los títulos académicos en el sector público, un tema que podría generar repercusiones significativas en la confianza ciudadana hacia las instituciones, especialmente en áreas críticas como la ciencia y la tecnología.