Denuncian a pesqueras por contrabando en el mar argentino con licencias británicas

La Justicia Federal en lo Penal Económico ha iniciado una investigación contra diversas corporaciones pesqueras internacionales. Estas empresas están siendo acusadas de explotar ilegalmente recursos marinos en el mar argentino utilizando licencias emitidas por autoridades británicas, lo que ha desatado un fuerte debate sobre la soberanía y la explotación de recursos naturales en el área.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio de la organización Reset Republicano. Afirmaron que estas prácticas están poniendo en riesgo la soberanía del Estado argentino y amenazan el control aduanero sobre los recursos ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El caso está siendo manejado por el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, dirigido por el juez Juan Pedro Galván Greenway. Se mencionan específicamente a corporaciones de origen español, como Lanzal, Grupo Pereira y Moradiña, que operarían en asociación con sociedades mixtas establecidas en las Islas Malvinas. Esta situación ha suscitado críticas y preocupación sobre el impacto de estas actividades no reguladas en la economía nacional.

Los abogados sostienen que las corporaciones se valen de métodos de evasión de controles aduaneros, extrayendo recursos pesqueros del territorio argentino para enviarlos al extranjero sin cumplir con las normativas locales. Además, también se indica que estas empresas utilizan procedimientos engañosos para evitar el pago de derechos de exportación, amparándose en razones de ocupación ilegal.

En el escrito judicial se citan las disposiciones del Código Aduanero de la Nación que tipifican estas acciones como delito de contrabando, añadiendo agravantes por la afectación patrimonial al Estado y la participación organizada de varios actores en estos ilícitos.

Para continuar con la investigación, se ha solicitado la colaboración de entidades como la Prefectura Naval Argentina, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y la Dirección General de Aduana, a fin de esclarecer los hechos y tomar las acciones pertinentes.

Esta denuncia no sólo refleja la preocupación por la explotación de los recursos pesqueros por parte de compañías extranjeras, sino que también pone en evidencia la necesidad de fortalecer la regulación y el control del Estado argentino sobre su zona marítima. Las implicaciones sobre la soberanía nacional son significativas, y el resultado de esta investigación podría sentar un precedente en la protección de los recursos argentinos en el mar.