Denuncian desalojo de bebé en operativo policial en La Pampa

Una pareja de la localidad pampeana de Rancul, Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, presentó una denuncia penal contra Rodrigo Lofvall, director general de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, tras un operativo policial que resultó en la pérdida de la guarda de un bebé que habían cuidado por cinco meses. La situación se tornó tensa durante un control policial en la Ruta Nacional 35, donde la pareja se resistió a entregar al niño, quien había llegado a sus vidas desde los dos meses de edad.

El operativo tuvo lugar el lunes 7 de septiembre, cuando la pareja regresaba de Santa Rosa, donde habían solicitado la tenencia definitiva del bebé. En medio de la entrega forzada del niño, Díaz manifiesta que su esposa padeció un trato injusto y mencionado ser víctimas de violencia institucional y de género. La pareja argumenta que fue engañada constantemente, impidiendo que se despidieran del bebé adecuadamente antes de ser llevado por la fuerza.

Como respuesta a lo sucedido, Joaquín y Ana Laura realizaron un acampe frente a la Casa de Gobierno de La Pampa, en Santa Rosa, buscando visibilidad y apoyo a su causa. Durante una reunión con un funcionario del gobierno, la pareja expuso su preocupación por cómo fueron tratados por el estado, señalando que se les impidió ver al niño hasta el último momento del operativo.

La denuncia incluye acusaciones de amenazas dirigidas al funcionario Lofvall, así como un pedido de preservación de pruebas, como grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estuvieran presentes el día de los hechos. El accionar de las autoridades ha generado reacciones mixtas, y el Ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, defendió el procedimiento policial, asegurando que fue llevado a cabo en cumplimiento de una orden judicial.

Los hechos ocurren en un contexto en el que los derechos de los niños y la intervención del estado en asuntos de tenencia son temas sensibles en la sociedad argentina. Este caso en particular destaca las tensiones entre las familias de acogida y las instituciones estatales, así como la necesidad de garantizar el trato justo y humano en situaciones que involucran a menores en riesgo.

La pareja ha convocado a una movilización en Santa Rosa para este jueves, buscando apoyo de la comunidad y retornando el foco a la lucha por los derechos de las familias de acogimiento temporal y la justicia en la tenencia de menores. La evolución de este caso podría tener repercusiones en futuras políticas sobre la protección infantil en la provincia y en el país.