Denuncian irregularidades en la privatización de represas en Neuquén

En el contexto de la privatización de represas hidroeléctricas en Neuquén, la Fundación Soberanía ha presentado una denuncia que alega graves irregularidades en el proceso. Esta privatización forma parte de los planes del gobierno nacional para recaudar aproximadamente 2.300 millones de dólares en los próximos años. Según la denuncia, el operativo respondería a un esquema deliberado para subvalorar activos estatales y transferirlos a empresas vinculadas a la política, lo que infringe principios de legalidad administrativa.

Los miembros del gobierno han insinuado que detrás de esta situación podría haber un desencuentro interno, señalando que la secretaria general de Presidencia no estaría lo suficientemente informada sobre temas técnicos relacionados con las licitaciones. Entre las empresas que se benefician de la privatización se encuentran Edison del Grupo Neuss, Central Puerto y BML Inversora S.A.U., indicando que se ha constituido un círculo de beneficiarios alrededor de estas transacciones.

La denuncia, que se encuentra en marcha en el juzgado federal de General Roca bajo la dirección del juez Hugo Greca, menciona una cadena de ilegalidades que involucra a varias instituciones, siendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) el principal foco de atención. Se argumenta que el TTN, bajo el liderazgo de Julio Villamonte, no habría cumplido con los debidos procedimientos en la valuación de los activos en cuestión, lo que desvirtúa el propósito de obtener una tasación justa y objetiva.

Además, se cuestiona la decisión del Ministerio de Economía de reestructurar el proceso de tasación, trasladando responsabilidades al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que ha provocado aún más controversia en el manejo de valuaciones de bienes del Estado. Esta situación ha sido interpretada como un intento del gobierno de establecer una justificación administrativa a la privatización.

La controversia se desarrolla en un momento crítico para la economía de Neuquén, donde la producción de energía hidroeléctrica es un factor clave. La situación que rodea a estas privatizaciones podría afectar no solo a la estructura del mercado energético local, sino también a la relación entre el gobierno y la comunidad, que observa con recelo estas operaciones.

De cara al futuro, la Fundación Soberanía espera que la investigación judicial profundice en estas denuncias y se logre una respuesta que anule la privatización si se comprueban las irregularidades denunciadas. La continuidad del proceso será clave para determinar el futuro de las represas y del manejo de recursos públicos en la región.