Denuncian que petrolera sancionada en Malvinas participa en proyecto en Argentina

El legislador nacional Maximiliano Ferraro denunció que la petrolera británica Harbour Energy, anteriormente Premier Oil PLC, ha accedido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, a pesar de estar inhabilitada hasta 2028 por operaciones no autorizadas en la plataforma continental de las Islas Malvinas. Ferraro, quien es presidente de la Coalición Cívica, expuso su preocupación a través de redes sociales, destacando que este proyecto ha sido aprobado por el gobierno argentino mediante la Resolución 559/2025.

Southern Energy, la iniciativa en la que participa Harbour Energy con un 15% de participación, prevé traer un buque mensualmente durante casi un año y utilizar aproximadamente 3.500 tubos en su operación. A pesar de la existencia de sanciones previas, los beneficios del RIGI fueron concedidos bajo el argumento de que Harbour Energy se presenta con un nuevo nombre, argumentación que Ferraro considera inválida, dado que la inhabilitación se basa en la Ley 26.659 y se extiende a la empresa y sus controlantes.

La sanción a Premier Oil se impuso en 2013 a raíz de la Resolución 481, que prohíbe a las empresas que operan sin autorización en aguas argentinas cercanas a las Malvinas acceder a inversiones en el país. La denuncia de Ferraro sugiere que el cambio de nombre realizado por Premier Oil en 2021 para convertirse en Harbour Energy no anula las restricciones impuestas sobre la compañía.

La cuestión subraya una situación delicada en la relación entre Argentina y las empresas británicas vinculadas a Malvinas, un tema que históricamente ha generado tensiones políticas y diplomáticas. La cuestión de la soberanía sobre las islas es un tema altamente sensible para el gobierno argentino y la sociedad en general, lo que podría acentuar la controversia en torno a este asunto específico

La denuncia de Ferraro ha generado un debate en la esfera política, donde varios legisladores han manifestado su descontento por el acceso de compañías sancionadas a beneficios en el país. En este contexto, el gobierno argentino deberá evaluar cómo manejar esta situación y las posibles repercusiones que pueda tener en la relación con el sector petrolero y en la opinión pública.

Como parte de los próximos pasos, Ferraro ha solicitado una revisión del otorgamiento de beneficios a la empresa británica y ha instado a las autoridades a reconsiderar su postura ante la participación de compañías que están bajo sanción. Esta situación plantea un reto para la administración en cuanto a mantener una política de inversiones clara y justa, a la vez que se asegura la protección de los intereses nacionales en la cuestión de las Malvinas.