Desadjudican vivienda social en Trelew por subalquiler irregular

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) tomó la firme decisión de desadjudicar una vivienda social en Trelew, en respuesta a una grave irregularidad. Esta medida se formalizó a través de la Resolución N° 403/2026, la cual fue motivada por el uso del inmueble como un negocio particular, contraviniendo el propósito social para el cual fue otorgada.

La acción se originó a partir de un control rutinario de los agentes del IPV, quienes al inspeccionar el Barrio "44 Viviendas - UOM" comprobaron que la adjudicataria no habitaba la vivienda. La investigación subsiguiente reveló que la mujer había arrendado el inmueble a un tercero, quien pagaba 300 mil pesos mensuales, una cifra considerablemente alta, considerando que se trataba de una propiedad construida con fondos públicos destinados a personas en situación de necesidad habitacional.

Este ilícito se documentó durante un operativo de inspección que evidenció la falta de residencia de la beneficiaria. La concesión de la vivienda estaba condicionada a la ocupación efectiva por parte de la adjudicataria, norma que fue ignorada en este caso, ya que el alquiler era completamente irregular y lucrativo, en detrimento de las familias que realmente requieren este tipo de asistencia.

Como resultado de las pruebas acumuladas por el cuerpo de fiscalizadores, el gerente del IPV, Alejandro Asensio, decidió revocar la adjudicación y aplicar la sanción más severa que contempla la normativa vigente. Esto incluyó la inhabilitación de por vida de la titular para acceder a futuros programas de vivienda o solicitar créditos sociales estatales, con el objetivo de desalentar la especulación inmobiliaria en un contexto donde muchas familias esperan asignaciones de vivienda.

El inmueble desadjudicado será nuevamente disponible para una familia en lista de espera, permitiendo que se cumpla con el objetivo originario de la vivienda social. La medida refuerza el compromiso del gobierno provincial de salvaguardar el patrimonio público y garantizar que las viviendas sociales cumplan su finalidad social, asistiendo a quienes realmente lo necesitan.

Este incidente subraya la importancia de la fiscalización en los programas de vivienda, especialmente en una región como la Patagonia, donde la demanda de soluciones habitacionales es significativa. La intervención del IPV se presenta como un paso decisivo para mantener la integridad de las políticas de vivienda en la provincia.