Desalojo de comunidades mapuche en la Ruta 40: un conflicto prolongado

En un operativo que se desarrolló el 19 de agosto en la Ruta Nacional 40, específicamente en Paso Coihue, se procedió al desalojo de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Melo. Este procedimiento fue ordenado judicialmente y se realizó con la presencia de miembros del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y otras fuerzas de seguridad. Aunque la operación había sido programada para el 20 de agosto, las comunidades informaron que se había adelantado.

El conflicto que llevó a este desalojo tiene su origen en un litigio que comenzó en 2011, cuando María Cristina Broers reclamó la restitución del Lote Pastoril 42, reclamado por la comunidad Quintriqueo. Desde entonces, los procesos judiciales se han sucedido, con intentos de la comunidad de frenar el desalojo y reivindicar la tierra como parte de su territorio ancestral.

Un momento clave en este conflicto fue una sentencia emitida en 2016, que ordenó el desalojo de Pascual Filidoro Quintriqueo y otros miembros de la comunidad. Esta resolución favoreció a la restitución de las tierras a Broers, cuya legitimidad fue cuestionada por la comunidad, que argumenta que el terreno les pertenece históricamente.

A lo largo de los años, el caso ha transitado distintos niveles judiciales, incluyendo intentos infructuosos de la representación legal de la comunidad para anular la sentencia original. En agosto de 2022, el juez de Villa La Angostura ordenó la ejecución de la sentencia de 2016, lo que marcó un nuevo giro en este prolongado conflicto.

Las apelaciones de la comunidad continuaron efectuándose en varios niveles judiciales, culminando en 2023 con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Neuquén de rechazar las solicitudes de la comunidad contra la ejecución del desalojo. En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén también inadmitió los recursos que buscaban cuestionar dicha ejecución, lo que permitió avanzar en el desalojo.

Este episodio subraya la complejidad y la duración de los conflictos relacionados con la tenencia de tierras en la Patagonia, donde las reivindicaciones de los pueblos originarios como los mapuches se enfrentan a intereses privados y decisiones judiciales que han dado lugar a tensiones en la región. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la comunidad y los procesos de diálogo y reconocimiento de derechos territoriales en el contexto patagónico.

A medida que el desalojo se lleva a cabo, se espera la respuesta de la comunidad que podría incluir nuevas acciones legales o movilizaciones en defensa de su territorio.