Desalojo de sinagoga en Flores por disputa de fieles

Este lunes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un desalojo en una sinagoga ubicada en el barrio de Flores, específicamente en Helguera 270. El operativo se realizó en el marco de un litigio civil entre dos grupos de fieles que reclamaban la posesión del edificio. La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del Dr. Camilo Jorge Almeida Pons.

El conflicto se desencadenó luego de que uno de los grupos obtuviera un fallo judicial que le reconocía la posesión del templo, mientras que el otro sector, aún dentro del inmueble, se opuso a retirarse. Esta negativa llevó a la Policía a intervenir para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, aunque se buscó mantener el orden y la calma durante el proceso.

Un oficial de justicia intervino en el lugar para abrir un canal de diálogo con las personas que aún estaban dentro de la sinagoga, predominando un ambiente de negociación. Ambas partes acordaron un “tiempo prudencial” para que los fieles pudieran finalizar sus rezos antes de que se continuara con el desalojo. En total, se estima que unas 30 personas, incluyendo a un rabino, estaban presentes en el templo durante el operativo.

La situación en torno a esta sinagoga no solo concierne a un conflicto por la posesión del inmueble, sino que también refleja tensiones más amplias entre comunidades religiosas que comparten el mismo espacio sagrado. El grupo que se resiste a abandonar el edificio ha señalado su deseo de continuar usando el lugar para actividades de culto, a pesar de la resolución judicial que definió al otro grupo como el legítimo poseedor.

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos ni incidentes violentos durante el desalojo. La Policía de la Ciudad aseguró que su papel se limitaba a colaborar con el cumplimiento de las decisiones del juzgado y garantizar la seguridad del proceso.

El futuro de este inmueble depende ahora de la resolución final de las instancias judiciales, que continúa abierta. Este tipo de disputas no son inéditas en la ciudad, y si bien hay un marco legal que regula la propiedad y uso de los espacios religiosos, muchas veces la convivencia entre diferentes grupos puede tornarse complicada, como lo evidencia este caso en particular.

La intervención judicial en este tipo de conflictos pone de relieve la necesidad de diálogo y acuerdos entre comunidades, que pueden beneficiarse de una mayor mediación para evitar escaladas de tensión.