Desalojo en Villa La Angostura: se ejecutó una orden judicial tras 15 años de conflicto
La Justicia de Neuquén llevó a cabo el desalojo de dos comunidades mapuche en Villa La Angostura, cerrando un litigio que se extendió por más de quince años. Las familias afectadas denunciaron un trato violento por parte de las fuerzas policiales, desmentido por la versión oficial.
El martes 19 de agosto de 2026 se realizó el desalojo de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo en un terreno ubicado en la zona de El Pedregoso, entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. Esta acción judicial fue el resultado de un conflicto territorial que comenzó en 2011, acumulando seis intentos de desalojo fallidos y culminando en la ejecución de una orden del juez Francisco Astoul Bonorino.
La operación se inició en la mañana, cuando un oficial de justicia y un contingente policial ingresaron al predio tras cortarle el acceso a la ruta. El procedimiento avanzó sin resistencia, ya que, según los informes, los ocupantes se retiraron de manera pacífica. No obstante, se permitió a los miembros de las comunidades llevar consigo objetos esenciales, como dinero, documentos, medicamentos y mascotas, mientras que se dejó bajo resguardo a otros animales.
Desde la óptica de las comunidades mapuche, la situación fue percibida de manera muy diferente. A través de un comunicado, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció el uso de la fuerza por parte de la policía, incluyendo golpeos a las familias presentes y una falta de comunicación clara respecto a la operación. La organización cargó contra el gobierno provincial, acusando a sus autoridades de haber mantenido a las comunidades desinformadas y engañadas sobre el desalojo.
El desalojo se gestó en el marco de un juicio que transcurrió en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°1 de Villa La Angostura, donde la denunciante, María Cristina Broers, reclama la titularidad de un terreno de 625 hectáreas desde su ocupación en la década de 1970. Esta familia belga había formalizado la denuncia de ocupación en 2011, hecho que llevó a varios juicios y resoluciones judiciales.
Las comunidades mapuche, por su parte, sostienen que el terreno es parte de su memoria colectiva y que su uso no solo data de hace décadas, sino que se fundamenta en un vínculo ancestral con la tierra que ha sido vulnerado a lo largo de los años. La controversia refleja una tensión social en la región sobre el reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos originarios.
El desalojo, al margen de la forma en que fue ejecutado, representa un nuevo capítulo en un conflicto que refleja las disidencias en torno al uso y la ocupación de tierras en la Patagonia. Las repercusiones de este hecho aún se seguirán sintiendo tanto en la comunidad mapuche como en el ámbito político provincial.
Con la finalización del desalojo, la atención se centrará ahora en el apoyo que recibirán las familias desplazadas y en las futuras acciones judiciales que puedan emprender en defensa de sus derechos reivindicados.