Desalojo en Villa La Angostura tensa la relación entre mapuches y el Gobierno neuquino

El desalojo parcial de la comunidad mapuche Lof Quintriqueo, llevado a cabo en un lote particular de El Pedregoso, ha causado un fuerte conflicto con el Gobierno de Neuquén. Las familias afectadas acusan al gobernador Rolando Figueroa de persecución en contra del Pueblo Mapuche, mientras que el mandatario sostiene que se trata de un litigio entre privados, en el que el Gobierno provincial no tiene injerencia.

El desalojo se realizó en el marco de una diligencia judicial, desatando protestas y una considerable preocupación en la comunidad. El juez a cargo del caso, Francisco Astoul Bonorino, había comprobado previamente la ocupación ilegal del predio por parte de los mapuches, en un conflicto que se remonta a 2012. En reiteradas ocasiones, los magistrados han confirmado la falencia en la documentación que acredite la existencia ancestral de las comunidades en el territorio en cuestionamiento.

En un intento por aplacar la tensión, Figueroa se defendió aclarando que el juicio no involucra directamente al Estado, y que su gobierno ha buscado mantener un diálogo abierto con las comunidades. Sin embargo, el desalojo fue marcado por la falta de funcionarios de Minoria durante la operación, lo que complicó su ejecución. Aún así, la presencia de menores en el lugar generó una situación crítica y limitó el cumplimiento de la orden judicial.

Durante un evento en Buenos Aires, donde Neuquén buscaba promocionar su potencial en la industria de gas e hidrocarburos, Figueroa se encontró con miembros de la comunidad Kinxikew, quienes no desaprovecharon la oportunidad de expresarle sus inquietudes sobre el tema mapuche. Sin embargo, el gobernador réplicó que el conflicto era de naturaleza privada, sin dar espacio a una solución gubernamental directa.

El trasfondo de esta disputa pone de relieve el creciente malestar entre las comunidades originarias y el Estado provincial, lo que podría desencadenar futuros conflictos si no se encuentran instancias de diálogo efectivas. A medida que avanza el proceso judicial en torno al caso, la comunidad mapuche continúa insistiendo en su demanda de reconocimiento y consulta respecto a sus derechos territoriales.

De este modo, la situación en Villa La Angostura no solo afectará a las partes involucradas, sino que también refleja una problemática más amplia sobre los derechos y el reconocimiento de los pueblos originarios en la región, un tema sensible en el contexto actual del país.