Desalojo parcial de un predio en Villa La Angostura usurpado por comunidades mapuches

Efectivos de la Policía de Neuquén realizaron el miércoles un desalojo parcial de parte de un predio de 624 hectáreas que había sido usurpado en 2011 por la comunidad mapuche Lof Melo, ubicada a 35 kilómetros de Villa La Angostura. Este operativo se enmarca en un conflicto que comenzó cuando miembros de la comunidad ingresaron sin autorización y evitaron que la propietaria, María Cristina Broers, accediera a su tierra.

El desalojo se realizó en un área deshabitada del predio, en la costa del lago Nahuel Huapi, aunque existe la posibilidad de que la Policía regrese para continuar con el operativo en la sección donde se encuentran las viviendas de las comunidades Lof Melo y Quintriqueo. A pesar de la situación, no se reportaron lesionados durante el procedimiento, que involucró a funcionarios judiciales, bomberos y personal médico.

Desde 2012, la comunidad mapuche ha intentado defender su presencia en el territorio a través de procesos judiciales, sin éxito hasta el momento. A pesar de presentar reclamaciones sobre la supuesta ocupación ancestral del predio, los magistrados no convalidaron sus argumentos, resultando en varias órdenes de desalojo que no se habían cumplido hasta la fecha.

Con la intervención policial reciente, las tensiones aumentaron, y la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado criticando el desalojo, al que calificaron como un “violento despojo” hacia sus comunidades. Este organismo expresó su rechazo a las decisiones que llevaron a la ejecución del desalojo, señalando que dichas acciones son parte de una conflictiva relación entre el Estado y las comunidades indígenas de la región.

En el pasado, un intento de desalojo en marzo había fracasado debido a la falta de personal policial, una situación que no se repitió en el operativo reciente, que se llevó a cabo con éxito. Sin embargo, el clima de confrontación persiste, ya que el Ministerio de Gobierno de Neuquén, encabezado por Jorge Tobares, fue señalado por la Confederación por mantener conversaciones con las comunidades afectadas, lo que añade un nivel de complejidad a la situación.

La continuación de los desalojos y la disposición de las fuerzas de seguridad en la zona están a la espera de los próximos pasos judiciales, los cuales podrían intensificar o moderar el conflicto existente.

La problemática del acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades indígenas es un tema recurrente en la Patagonia, donde conflictos similares han marcado la historia reciente, evidenciando una lucha más amplia por el reconocimiento y la justicia social de los pueblos originarios.