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Desarrolladora deberá abonar $66.399.625 por usar medianera ajena

Un consorcio de propietarios de Villa Urquiza demandó a una desarrolladora por el uso no autorizado de una medianera, logrando un fallo a su favor. La justicia determinó que la empresa deberá pagar $66.399.625 por dicha utilización.

Por Fausto Casanova3 min de lectura
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Desarrolladora deberá abonar $66.399.625 por usar medianera ajena

En Villa Urquiza, un consorcio de propietarios promovió acciones judiciales contra Desarrolladora B.A. S.A. por haber empleado parte de un muro medianero perteneciente a su propiedad para construir un nuevo edificio. Los habitantes del consorcio argumentaron que esa estructura había sido financiada por ellos, lo que derivó en un reclamo económico significativo por el uso indebido.

El caso fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 109, donde la jueza Pilar Fernández Escarguel falló a favor de los propietarios y condenó a la desarrolladora a abonar $60.363.295, más intereses. La magistrada estableció que, efectivamente, la empresa se benefició al aprovechar la pared existente, lo que representó un ahorro considerable en la construcción de su edificio.

La disputa surgió a partir del uso de una pared divisoria en la propiedad ubicada en Pacheco 2865, que se había financiado previamente por el consorcio de Pacheco 2855/57. Para respaldar su reclamo, los propietarios contrataron a un arquitecto que determinó el área utilizada de aproximadamente 443 metros cuadrados y estableció un costo correspondiente por ese aprovechamiento.

Inicialmente, el consorcio solicitó un monto de $23.994.289, que incluía un ajuste por intereses, argumentando derechos sobre la medianera. Sin embargo, Desarrolladora B.A. S.A. rechazó la solicitud, alegando que había respetado los límites de su propiedad e incluso estimó un pago alternativo de solo $5.175.000, en caso de ser necesario.

A lo largo del juicio, el arquitecto Roberto Daniel Ferro realizó una inspección y analizó los planos de las construcciones, corroborando que había un contacto entre ambas edificaciones. La conclusión del perito fue clara: la desarrolladora se ahorró el costo de construir su propio muro y redujo sus plazos de obra al aprovechar la estructura preexistente.

Un hecho significativo fue la ausencia de la desarrolladora durante la inspección pericial, lo que complicó su defensa. La jueza consideró insuficientes las evidencias presentadas por la empresa para refutar las constataciones del arquitecto. Finalmente, el 2 de noviembre de 2026, se determinó que el monto total a compensar, tomando en cuenta los cálculos del perito, asciende a $66.399.625.

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