Desarticulan venta de drogas en Chos Malal, pero rechazan prisión preventiva
Cuatro individuos en Chos Malal fueron imputados por tráfico de sustancias estupefacientes, tras exitosos allanamientos. Sin embargo, el juez rechazó las prisiones preventivas solicitadas por la fiscalía, lo que generará una nueva evaluación judicial.
Cuatro personas fueron acusadas por la Fiscalía de Chos Malal por la supuesta comercialización de cocaína y cannabis luego de varios allanamientos realizados en la localidad. Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de 80 gramos de cocaína y 185 gramos de cannabis, así como armas, municiones y dinero. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los delitos, el juez de garantías, Eduardo Egea, decidió no hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva formulada por la fiscal Natalia Rivera, permitiendo que los imputados recuperen su libertad bajo ciertas restricciones.
La audiencia, que tuvo lugar el pasado viernes, mostró la organización de los acusados en la distribución de tareas relativas al tráfico de drogas desde el 16 de julio hasta el 8 de octubre de este año. La Fiscalía identificó a uno de los imputados, A.A.A., como el proveedor de las sustancias y encargado del proceso comercial, mientras que los otros tres, I.M.N., P.K.S. y L.A.F., desempeñaban roles en la tenencia y venta de los estupefacientes, además de gestionar los pagos a través de billeteras virtuales.
Durante los operativos en Chos Malal se confiscó un total de 81,6 gramos de cocaína en la vivienda de uno de los imputados, así como cantidades de cannabis, lo que sugiere un evidente involucramiento en actividades de narcotráfico. Rivera planteó la preocupación por el riesgo de entorpecimiento de la investigación si los acusados quedaran en libertad, resaltando que podrían acceder a información almacenada en dispositivos electrónicos decomisados y que el testimonio de testigos podría verse comprometido.
El juez Egea desestimó los argumentos de la fiscal por considerar que las medidas de coerción no eran necesarias en este caso, aunque estipuló prohibiciones de acercamiento y contacto con testigos por un periodo de cuatro meses. La fiscalía no se quedó conformada y anunció que revisará esta decisión en una nueva audiencia, donde un tribunal de tres jueces evaluará la situación.
La lucha contra el narcotráfico en la Patagonia, y particularmente en Neuquén, es una problemática recurrente y compleja, donde la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad y el Ministerio Público se vuelve esencial para llevar adelante investigaciones sólidas en la región. La reciente incautación demuestra no solo la presencia de redes delictivas, sino también la necesidad del sistema judicial de responder de manera eficaz a estas amenazas.