Desigualdad y riesgos en la vivienda en áreas montañosas de México
La creciente ocupación de terrenos montañosos en México genera un aumento de riesgos y profundas desigualdades en el acceso a vivienda segura. La tragedia del Cerro del Chiquihuite destaca la falta de regulación y planificación ante la creciente urbanización en estos espacios.

La tragedia del deslizamiento de tierra en el Cerro del Chiquihuite en 2021, que dejó cuatro muertos y muchas familias desplazadas, puso de manifiesto los peligros que enfrentan quienes habitan en laderas en México. Esta situación es un reflejo de la expansión urbana descontrolada en áreas de difícil acceso, donde la falta de opciones de vivienda seguras agrava la situación de estas comunidades, especialmente en regiones como la Zona Metropolitana del Valle de México.
Diversos factores, como la complejidad geográfica del país con montañas como la Sierra Madre y el Eje Neovolcánico, han llevado a la población a ocupar terrenos inestables. En estos espacios, que generalmente carecen de infraestructura adecuada, se ha evidenciado una clara desigualdad: mientras las comunidades de bajos ingresos construyen de manera informal en cerros, también hay desarrollos exclusivos que utilizan la misma topografía como valor agregado. Esta dualidad refleja una brecha creciente entre quienes pueden permitirse viviendas seguras y aquellos que, forzados por la carencia de opciones, se ven obligados a construir sin las debidas previsiones de seguridad.
Desde principios de los años 2000, las políticas urbanas favorecieron al sector inmobiliario, contribuyendo a que muchos sectores de bajos ingresos se trasladaran a asentamientos informales en cerros. La escasez de supervisión y la falta de regulación efectiva han permitido que estas construcciones se desarrollen sin las salvaguardias necesarias, exponiendo a los hogares a riesgos de deslaves y fallas estructurales. Por otro lado, las viviendas para clases medias y altas suelen contar con tecnología avanzada y estudios de ingeniería que minimizan estos peligros, lo que acentúa la desigualdad en el acceso a la vivienda segura.
A pesar de que existe un marco legal que impone regulaciones, su implementación enfrenta diversos obstáculos, como la falta de recursos y la corrupción. En muchas comunidades, la precariedad se ha normalizado, dificultando la supervisión de nuevos desarrollos. Para mitigar los riesgos, se hace necesaria una revisión del modelo de crecimiento urbano, priorizando la planificación territorial y una densificación segura en áreas accesibles.
El avance de la urbanización no solo impacta la calidad de vida de los residentes, sino que también afecta gravemente los ecosistemas en las áreas montañosas. Los cerros, que son vitales para la regulación del clima y la conservación del agua, se ven amenazados por la deforestación y la erosión provocadas por construcciones no reguladas. Proteger estos espacios es esencial no solo para garantizar la seguridad de las poblaciones que habitan en sus laderas, sino también para preservar el medio ambiente que les rodea y mejorar la calidad de vida urbana.