Despedido en Neuquén: expusieron a una mujer en oficina estatal

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha llevado a cabo una serie de despidos en el ámbito estatal, dentro de una estrategia destinada a eliminar a aquellos empleados considerados "ñoquis", incumplidores o, incluso, delincuentes. En esta ocasión, el caso de dos serenos ha captado la atención, debido a la singularidad de su falta, que involucró a una mujer no autorizada en su lugar de trabajo.

Los agentes despedidos, Héctor Daniel Ramírez y Mario Alberto Contreras, formaban parte de la planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, regulada por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El despido, clasificado como exoneración, es más grave que una cesantía tradicional y marca un precedente en la gestión actual.

Los hechos ocurrieron el 28 y 29 de septiembre de 2024, cuando los serenos permitieron el ingreso de una mujer a la dirección provincial de Protección de Derechos de las Personas Mayores, una dependencia que tenían que custodiar. Según el informe, la mujer estuvo en el lugar y se movió libremente durante más de diez horas, sin ninguna autorización formal que justificara su estancia.

La investigación que llevó a la exoneración de los dos serenos se inició a raíz de un sumario administrativo. Las pruebas reunidas incluían grabaciones de cámaras de seguridad que confirmaron la presencia de la mujer en la dependencia a la que ambos serenos debían resguardar. La dirección de servicios informáticos envió las grabaciones, donde se constató que los ahora exserenos se encontraban junto a ella en el interior del inmueble durante la madrugada del 29 de septiembre.

Ambos agentes reconocieron irresponsabilidades en su tarea, admitiendo que debieron registrar cualquier ingreso de personas ajenas. Sin embargo, al ser interrogados, intentaron deslindarse de la responsabilidad, culpándose mutuamente por la llegada inicial de la mujer no autorizada, aunque ambos admitieron haber consentido su permanencia en el lugar.

La decisión de despedir a estos funcionarios responde a un esfuerzo más amplio del gobierno provincial por mejorar la gestión pública y combatir la falta de compliance en el ámbito estatal, un problema que ha sido señalado en varias oportunidades por la administración de Figueroa. Esto resalta la importancia de cumplir con protocolos de seguridad en todas las instituciones gubernamentales, especialmente en aquellas que manejan cuestiones sensibles, como la protección de menores.

Con este tipo de medidas, la gestión busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de mantener altos estándares de conducta entre los empleados públicos y prevenir actos que podrían poner en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones.