Despedido y denunciado por falsificar un certificado médico en Neuquén

El Gobierno de Neuquén, bajo la gestión de Rolando Figueroa, continúa aplicando su política de tolerancia cero ante irregularidades en el organismo público. En un último caso, una portera de una escuela primaria fue despedida y denunciada penalmente tras comprobarse que había falsificado un certificado médico. La Resolución N°1522/2026, emitida por el Consejo Provincial de Educación (CPE), oficializa la cesantía de Ángela Irene Herrera, quien prestaba servicios en la Escuela Primaria N°98 ubicada en Plottier.

La decisión fue precedida por una revisión administrativa que comenzó el pasado 15 de agosto, tras recibir un aviso de la Dirección General de Salud Ocupacional del CPE. En este informe se detectaron alteraciones en el certificado médico que Herrera presentó, con tachaduras y falta de claridad en los plazos de reposo que generaron dudas sobre su autenticidad. Esto derivó en la invalidación del documento y en la pérdida de justificación de sus ausencias al trabajo.

Los auditores también entrevistaron a la médica que emitió el certificado, quien verificó que su firma era auténtica, pero confirmó que los cambios realizados en el mismo no eran de su autoría. La infracción fue considerada grave por el Ejecutivo, que reafirmó que toda alteración de documentos médicos para justificar ausencias no solo infringe el arte del servicio público, sino que socava la confianza depositada por la administración en sus funcionarios.

El CPE destacó que los trabajadores deben actuar con probidad y responsabilidad, cumpliendo con las normativas del Convenio Colectivo de Trabajo. La falta de conducta digna de un agente público, que en este caso se manifiesta en la falsificación de documentación, se califica como una grave inconducta que puede afectar el funcionamiento institucional.

De este modo, la operación se enmarca en una serie de acciones que buscan establecer un estándar de conducta más alto entre los empleados del Estado en Neuquén. La denuncia penal es un paso adicional que resalta la seriedad con que se está tratando el tema de la falsificación de documentos en el ámbito estatal.

Se espera que esta acción tenga un efecto disuasorio, reafirmando la importancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y éticas en el servicio público. La administración provincial continuará monitoreando casos similares para mantener la integridad del sector educativo y administrativo.