Despidieron y denunciaron a portera por falsificar un certificado médico en Neuquén

En el marco de una política de "tolerancia cero" que ha implementado el gobierno de Rolando Figueroa, una auxiliar de servicio de la Escuela Primaria Nº 98 de Plottier ha sido despedida tras comprobarse la falsificación de un certificado médico. Esta decisión fue oficializada a través de un decreto que ratifica la sanción impuesta por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

La agente, identificada como Ángela Irene Herrera, había adulterado un documento que justificaba sus inasistencias laborales. Los auditores detectaron irregularidades en el certificado presentado, como tachaduras y falta de claridad en los plazos de reposo. Como resultado, el CPE no consideró válido el trabajo de justificación de las ausencias de la empleada y, tras iniciar una investigación el 15 de agosto, se decidió proceder con es severa sanción.

El reporte de la dirección general de Salud Ocupacional del CPE alertó sobre las alteraciones en el certificado médico, el cual había sido emitido el 14 de marzo de 2024. Según la médica que expidió el documento, aunque reconoció su firma, aclaró que la modificación del plazo de reposo no era de su puño ni una forma válida de prescripción médica. Esto evidencia la gravedad del hecho, que no solo afecta a la normatividad interna, sino que también pone en juego la confianza que debe existir en la administración pública.

Este despido se inscribe en una serie de medidas tomadas por el gobierno neuquino para erradicar prácticas irregulares de personal, incluyendo lo que se conoce como "ñoquis" y el incumplimiento de deberes laborales. Al respecto, la resolución que llevó a la expulsión de Herrera sostiene que todos los agentes de la administración tienen la obligación de actuar con probidad y observar conducta digna, tanto en su labor como en su vida personal.

El caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la ética en el servicio público, y la administración provincial ha dejado claro que cualquier conducta que comprometa la confianza de los ciudadanos será tratada con severidad. La falsificación de documentos para justificaciones laborales no será tolerada y, en este caso, además del despido, la fiscalía correspondiente fue notificada para iniciar las acciones judiciales pertinentes.

La actitud de la administración provincial en este tipo de situaciones subraya un cambio cultural en la gestión de recursos humanos dentro del gobierno de Figueroa, donde se busca garantizar que todos los empleados actúen conforme a los deberes establecidos y el respeto de las normativas vigentes, lo que podría marcar un precedente en la provincia. Se espera que este caso se resuelva judicialmente, generando repercusiones en otros ámbitos de la administración pública.