Despidos en el Estado neuquino por certificados falsos y faltas

La gestión del gobernador Rolando Figueroa en Neuquén ha resultado en la desvinculación de tres empleados estatales por irregularidades graves, incluyendo la presentación de certificados médicos falsificados y la acumulación de faltas sin justificación. El caso más notable corresponde a Walter Ezequiel López, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Castro Rendón. Investigaciones revelaron que este individuo habría presentado certificados de enfermedad falsos para justificar ausencias en varias ocasiones durante el 2024, lo que motivó su despido bajo la figura de exoneración, la sanción más severa disponible.

Los certificados fraudulentos atribuían diferentes diagnósticos como “síndrome gripal” y “síndrome febril”, y fueron emitidos por médicos que afirmaron no haber atendido al enfermero. Uno de los profesionales involucrados evidenció que su sello se encontraba accesible, lo que permitió que López pudiera utilizarlo sin autorización. Esta situación ha llevado a los auditores a considerar que su comportamiento no solo representa un delito contra la administración pública, sino que también refleja una "notoria indignidad moral", con posibles acciones en su contra si se demuestra que recibió pagos por días no trabajados.

Aparte del caso de López, también se despidió a dos empleadas que acumularon faltas injustificadas en su trabajo. Laura Alejandra Peralta, una de ellas, que formaba parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, registró inasistencias desde principios de enero hasta junio de 2024, lo que constituyó abandono de cargo. En su defensa, Peralta aseguró que sus asistencias no eran registradas digitalmente y que no estaba familiarizada con la plataforma utilizada en su lugar de trabajo. Sin embargo, su superior argumentó que las ausencias debían estar justificadas mediante el uso de huella digital, algo que Peralta no cumplió.

Ambos casos han desencadenado un proceso administrativo donde se investigará la posibilidad de que las trabajadoras percibieran salarios por los días que realmente no trabajaron. De comprobarse que esto ocurrió, el Estado procederá a exigir la devolución de esos montos, y podría llevar la situación ante la Justicia por abuso de poder o enriquecimiento ilícito.

La temática de la corrupción y el uso indebido de recursos en la administración pública es recurrente en la provincia, lo que plantea una preocupación sobre la necesidad de realizar un seguimiento más riguroso de las prácticas laborales y el control interno de la incorporación de personal. Esta situación abre el debate sobre la gestión del Estado y la moralidad de aquellos que trabajan para él, considerando que los actos de corrupción afectan gravemente la confianza pública y el correcto funcionamiento de la administración provincial.

La implementación de mejores controles y procesos claros en la gestión de licencias y justificación de ausencias parece ser un camino necesario para evitar que estos problemas se repitan, asegurando que el servicio público cumpla con las expectativas de la ciudadanía y mantenga su integridad.