Despidos en el Estado neuquino por narcotráfico y faltas disciplinarias

La lucha del gobierno neuquino, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, contra el narcotráfico y la indisciplina en la fuerza policial se ha manifestado nuevamente con tres despidos en el Estado. Estos despidos se inscriben en el marco de una política de tolerancia cero que apunta a reforzar las instituciones públicas y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Uno de los casos más relevantes involucra a Jonathan Alberto Muñoz, un empleado de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, quien fue cesanteado tras ser condenado a cinco años de cárcel por comercializar drogas desde su hogar en el barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén. La decisión de su despido se retrasó hasta que la sentencia condenatoria quedara firme, lo que ocurrió medio año después de la condena. Este tipo de situaciones no son aisladas, ya que, en septiembre de 2024, otros dos empleados habían sido despedidos por delitos similares relacionados con el narcotráfico.

Los otros dos despidos involucran a policías con un historial de indisciplina. El primero es Juan Javier Tranaman, quien acumuló 75 días de arresto por diversas infracciones al Reglamento Disciplinario Policial. Su destitución se solicitó en marzo de 2026, y la acumulación de más de 60 días de arresto en un año establece causal directa para su despido. Al no haber presentado un recurso administrativo en tiempo y forma, su caso fue cerrado sin oportunidad de apelación.

El tercer caso es el de Marcelo César Ortega, también cabo primero, quien acumuló 63 días de arresto por las mismas infracciones que su compañero. A diferencia de Tranaman, Ortega sí presentó un recurso administrativo, pero este fue rechazado y la sanción se mantuvo, llevando a su despido después de ser expedida la solicitud por la Jefatura de Policía en noviembre de 2025.

Estos despidos refuerzan la posición del gobierno provincial frente a los delitos que afectan a la sociedad y marcan un esfuerzo continuo por mejorar el funcionamiento del Estado y la seguridad pública en Neuquén, un desafío constante dado el contexto de crecimiento del narcotráfico en la región.

A medida que se intensifican las medidas contra el narcotráfico y la falta de ética en las fuerzas de seguridad, es probable que se lleven a cabo más revisiones y despidos en el sector público, en un intento por limpiar la imagen de la administración y asegurar un servicio público confiable y con altos estándares éticos.