Despidos en Patagonia Argentina: disputa sobre indemnizaciones tras cambio de concesionaria
La desvinculación de 72 choferes por parte de Patagonia Argentina tras el traspaso de servicio a Grupo MR genera un conflicto sobre quién debe abonar las indemnizaciones. La empresa invoca una ordenanza de 1991 para argumentar que la responsabilidad recae en la municipalidad y la nueva concesionaria.

Recientemente, el despido de 72 choferes de Patagonia Argentina ha puesto en el centro del debate un conflicto sobre el pago de indemnizaciones tras el traspaso del servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia al Grupo MR. Este episodio se desarrolla en el marco de una controversia entre la empresa desvinculadora y la Municipalidad, que disputa la responsabilidad por las indemnizaciones de los trabajadores que no fueron incorporados por la nueva prestataria.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que Patagonia Argentina, al haber sido la empleadora de los choferes, debe hacerse cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, la empresa sostiene lo contrario, apoyándose en una ordenanza municipal de 1991 que regula el funcionamiento del transporte público. Esta normativa, según su interpretación, establece que la nueva concesionaria debe absorber a todo el personal de la empresa saliente, y si esto no ocurre, la Municipalidad debe imponer una multa equivalente a las indemnizaciones.
El abogado de Patagonia Argentina, José María Ferreira de las Casas, explicó que, según la Ordenanza Municipal 3681, artículo 76, cuando se produce un cambio en la concesionaria del transporte público, la nueva empresa está obligada a absorber al personal existente. Si no lo hace, el municipio tiene que aplicar una sanción y destinar el dinero recaudado a compensar a los empleados afectados por el despido. “La Municipalidad no lo ha hecho”, enfatizó Ferreira, cuestionando la falta de acción por parte del Ejecutivo municipal.
Este conflicto no solo implica las indemnizaciones de los choferes, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la nueva concesionaria y el cumplimiento de las normativas vigentes. Patagonia Argentina sostiene que su responsabilidad financiera se limita a los pagos realizados durante los tres meses tras la desvinculación, tiempo en el cual continuó abonando los salarios a los trabajadores que no fueron transferidos a Grupo MR.
La situación genera un trasfondo complicado en la relación entre la municipalidad y las empresas de transporte, en la que la normativa vigente parece no estar siendo aplicada correctamente. Los choferes que perdieron sus empleos se encuentran en una posición incierta sobre su futuro y sobre cómo se resolverá este conflicto que los afecta directamente.
A medida que avanza esta disputa, es pertinente observar las próximas acciones que tomará la Municipalidad en respuesta a las exigencias planteadas por Patagonia Argentina, así como la postura del Grupo MR respecto a la asunción de responsabilidades por los empleados. La resolución de este dilema tendrá implicaciones directas en la economía local y en la percepción de los servicios de transporte en la región.