Despidos por consumo de drogas impactan la minería en Santa Cruz

La Justicia de Santa Cruz ha validado más de ocho despidos en el sector minero a lo largo de 2026, en el marco de controles rutinarios sobre consumo de drogas. Los despidos surgieron tras resultados positivos de pruebas realizadas por las empresas, con la participación de personal especializado y análisis bioquímicos. Estos casos han resaltado la preocupación por la seguridad en las jornadas laborales, dado que muchos de los involucrados operaban en áreas críticas que implican riesgos significativos.

Los despidos fueron aprobados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Cruz, que evaluó que los empleados afectaron aceptaron políticas de “tolerancia cero” respecto al consumo de sustancias prohibidas al momento de ser contratados. Cabe destacar que los roles desempeñados por algunos de estos trabajadores incluían actividades como operaciones subterráneas, manejo de explosivos y transporte de personal, donde cualquier disminución en las capacidades operativas puede poner en riesgo a los propios trabajadores y a sus compañeros.

La problemática no es inédita en el ámbito laboral de la minería. En 2024, la misma cámara judicial había analizado un caso similar que involucraba a un chofer de cargas peligrosas de Calfrac Well Services Argentina, quien dio positivo en un control de cocaína. En esa ocasión, la Justicia consideró que el despido era justificado, reiterando la importancia de mantener estándares de seguridad en el sector.

Los recientes fallos judiciales subrayan que un resultado positivo en sí mismo no garantiza que un despido sea válido, ya que cada caso debe ser evaluado en función de las circunstancias específicas, las pruebas obtenidas y los protocolos implementados. Sin embargo, la discusión en torno a estos despidos se vuelve cada vez más actual, dado el aumento de casos resueltos en lo que va del año.

Con más de ocho despidos judicialmente confirmados, la situación plantea un desafío tanto para las empresas mineras como para los sindicatos y trabajadores en Santa Cruz. Ahora, se espera que todas las partes involucradas presten atención a cómo se desarrollarán las políticas de control y las medidas de seguridad en el sector, en su creciente relevancia para la actividad minera regional.