Despidos por narcotráfico y conducta policial en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la política de tolerancia cero al llevar a cabo nuevos despidos en la administración pública. Este lunes se separaron de sus cargos a un empleado estatal y a dos policías, intensificando así la purga de agentes con antecedentes delictivos y de indisciplina.

Uno de los despidos destacados fue el de Jonathan Alberto Muñoz, quien trabajaba en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Muñoz había sido condenado a cinco años de prisión por su participación en el comercio de estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína y marihuana. La baja se aplicó de manera retroactiva desde agosto de 2025, una vez que la condena fue firme, argumentando que su actividad delictiva era incompatible con su rol en el Estado.

La condena fiscal se produjo tras una investigación que evidenció su actividad delictiva desde su domicilio en el Barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén. Este es el segundo caso en menos de un año que involucra a un funcionario estatal despedido por narcotráfico, reflejando un patrón de acción del gobierno provincial para eliminar a personas con antecedentes penales en cargos del gobierno.

Por otra parte, las cesantías también afectaron a dos policías, uno de los cuales, el cabo primero Juan Javier Tranaman, tenía un historial de falta de disciplina, acumulando 75 días de arresto. La Jefatura de Policía había solicitado su destitución por el incumplimiento reiterado de normas disciplinarias entre julio y noviembre de 2025, lo cual también influyó en su despido.

Estos despidos son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno provincial para implementar una política estricta contra el narcotráfico y comportamientos indeseables dentro de la fuerza policial. Desde que asumió su mandato, Figueroa ha despedido a varios funcionarios por motivos similares, destacando la necesidad de un sector público limpio y responsable, en el interés de la seguridad y el bienestar de la población neuquina.

El impacto de estas decisiones refleja una postura firme del gobierno provincial en cuanto a la transparencia y la ética en la gestión pública. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las condiciones laborales y la selección de personal en los organismos estatales, que deberán ser evaluadas bajo un marco de integridad más amplio.

En los próximos días, se espera que el gobierno continúe revisando la situación de otros empleados estatales, reforzando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el mantenimiento de una conducta ejemplar en todos los niveles de la administración pública.