Desvinculan a una agente del Ministerio de Gobierno por abandono de cargo
La provincia cesantó a una agente del Ministerio de Gobierno por abandono de cargo tras múltiples inasistencias. La medida incluye la revisión de sus salarios y posible recupero de fondos públicos.
El Gobierno provincial ha decidido cesantear a Ivana Gisele Schiavone, agente del Ministerio de Gobierno, por abandonar su puesto de trabajo a través de diversas ausencias injustificadas. Esta medida se inscribe dentro de la política de cero tolerancia del gobernador Rolando Figueroa ante el ausentismo en la administración pública, que ha llevado a un seguimiento más riguroso del cumplimiento de las obligaciones laborales entre sus empleados.
La decisión de despido fue formalizada el 29 de agosto de 2024, tras un proceso administrativo que confirmó la falta de asistencia de Schiavone a su trabajo en varias ocasiones durante 2024. El periodo de inasistencia abarcó desde el 2 hasta el 3 de mayo, del 9 de mayo, entre el 15 y el 20 de mayo, del 22 de mayo al 14 de junio, y sucedió en varias ocasiones más, hasta finales de julio. En función de esto, se interpretó que la agente había incurrido en abandono de cargo, lo cual está en directa contradicción con las imperativas normativas del ámbito público.
A través del Decreto 1234/2026, que oficializa su desvinculación, se ha dispuesto además investigar si Schiavone recibió salarios correspondientes a los días en que no trabajó. En caso de que se confirmen pagos indebidamente, se preverá un recupero de esos fondos, que incluso podría escalar a instancias judiciales si no se logra solventar por conductos administrativos.
La política de asistencia laboral del actual gobierno provincial ha sido objeto de varias críticas y respaldos, dependiendo de las posturas de diferentes sectores de la comunidad. En este sentido, se han registrado otros casos de sanciones similares en distintas áreas del Estado provincial, lo que ha alimentado el debate sobre el manejo de los recursos humanos y la conducta de los empleados públicos.
El impacto de esta medida podría generar un efecto disuasorio entre otros trabajadores estatales que pudieran estar evaluando su conducta laboral. El compromiso del gobierno de mejorar la eficiencia de sus servicios es la razón detrás de acciones directas y enérgicas ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
De acuerdo con la administración actual, la gestión mantiene firme su postura de sancionar el ausentismo para fortalecer la confianza pública en las instituciones y en sus funcionarios. Los próximos pasos incluirán no solo la investigación por los pagos irregulares, sino también el seguimiento de otros casos que podrían encontrarse en situación similar dentro del marco de la administración pública provincial.