Desvíos en el impuesto a combustibles generan preocupación por las rutas

El reciente reconocimiento del gobierno nacional sobre el desvío de fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ha generado inquietud, especialmente en regiones como Río Negro y Neuquén. Este impuesto, que debe ser destinado a la mejora y mantenimiento de las rutas, ha sido utilizado para financiar colocaciones del Tesoro, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad del superávit fiscal que se busca mantener.

Durante la gestión del presidente Javier Milei, el ICL recaudó aproximadamente 1,5 billones de pesos, de los cuales solo el 26% fue destinado a obras viales. Este escenario de subejecución del 74% significa que recursos vitales para la infraestructura no han llegado a atender las necesidades urgentes del sistema vial, que ya se encontraba en una situación crítica antes de la llegada del actual gobierno.

Las altas cifras de recaudación del impuesto contrastan con la realidad de las rutas deterioradas, que son esenciales para la producción y el transporte. Aunque el enfoque de "obra pública cero" buscaba estabilizar la economía inicialmente, la falta de inversión en infraestructura y la creciente carga impositiva sobre los combustibles ha generado un descontento creciente entre los ciudadanos, quienes sienten que sus aportes no se traducen en mejoras palpables.

En este contexto, los gobiernos de Río Negro y Neuquén han estado en negociaciones para asumir la gestión de rutas nacionales como la 22, 151 y 40. Sin embargo, han expresado su rechazo a hacerse cargo de caminos en mal estado y sin los recursos necesarios para repararlos, una situación que también se complica por la falta de claridad sobre la utilización de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial).

Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa han manifestado su preocupación por el uso de los fondos y han reclamado mayor transparencia. Ellos sostienen que el estado de las rutas no solo impacta en la ganadería y la fruticultura de la zona, sino también en el potencial desarrollo de mercados como Vaca Muerta. La falta de mantenimiento reduce la competitividad local y encarece el transporte, afectando toda la economía regional.

La situación se vuelve más crítica a medida que la necesidad de una infraestructura vial adecuada para el desarrollo urbano y económico se hace más evidente, exacerbando tensiones entre el gobierno nacional y las provincias que dependen de estas rutas para su desarrollo sostenible.

A medida que continúan las negociaciones y los reclamos, la región espera respuestas concretas que permitan solucionar el problema de las rutas y evitar que el desvío de fondos repercuta aún más en la calidad de vida de sus habitantes.