Detenido por femicidio, le suman acusaciones de abusos a menores
Un hombre está bajo arresto tras el femicidio de su expareja y ahora enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual de menores. Estos hechos se suman a su historial de violencia y coacción, lo que ha provocado una profunda conmoción en la comunidad.
El 20 de julio pasado, la localidad de Santa María de Punilla, en Córdoba, fue el escenario de un trágico femicidio cuando Rocío Belén Gómez, de 25 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Maximiliano Braudaco. Este violento suceso se desarrolló en la vivienda de la víctima, donde sus tres hijas, de 9, 6 y 2 años, fueron testigos del horror. Tras el ataque, la madre logró escapar en busca de ayuda, solo para regresar y encontrar a su hija sin vida.
Desde el día del crimen, la comunidad ha estado en shock, sumido en el dolor y la indignación. Braudaco, de 40 años, ya cumplía una condena condicional por otros episodios de violencia doméstica contra Rocío, quien había denunciado comportamientos amenazantes y agresivos de su expareja. En una ocasión anterior, su madre había presentado una denuncia tras escuchar amenazas que el agresor le hizo.
Recientemente, las autoridades judiciales han revelado un nuevo giro en la investigación, ya que, además de estar imputado por homicidio agravado por violencia de género, Braudaco está vinculado a presuntos abusos sexuales contra dos menores de edad en su entorno. Estos nuevos abusos habrían ocurrido en múltiples ocasiones y han generado aún más conmoción en la comunidad.
La fiscal a cargo del caso, Silvana Pen, informó que la identidad de las víctimas menores se mantiene en reserva por cuestiones legales. La gravedad de las nuevas acusaciones aumenta la preocupación respecto a la reiteración de la violencia que ha experimentado la familia de Rocío, y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta judicial contundente ante los delitos de género y los abusos sexuales.
Anteriormente, en 2025, Braudaco había sido condenado a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos relacionados con su expareja, lo que incluía reglas de conducta y medidas restrictivas que debió cumplir. La continuidad de su conducta violenta plantea cuestionamientos sobre las medidas de protección implementadas y su efectividad en la prevención de la violencia de género.
La situación ha reavivado el debate público sobre la necesaria implementación de políticas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia, así como la importancia de escuchar y apoyar a quienes denuncian abusos. A medida que el caso avanza, la comunidad espera justicia no solo para Rocío, sino también para las menores involucradas que ahora enfrentan la carga de estos horribles sucesos.