Detenidos por la toma de terreno en Neuquén quedaron libres con restricciones
Tres personas fueron acusadas de usurpación tras ocupar un predio privado en Neuquén. Aunque fueron liberados, se les impuso la prohibición de acercamiento al lugar.
En Neuquén, el fiscal Juan Narvaez imputó a tres individuos por su participación en la ocupación de un terreno privado, perteneciente a una asociación civil. Los acusados, identificados como J.L.V., A.D.R. y E.A.A., ingresaron al predio el 18 de agosto, aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia, con la intención de establecer un asentamiento. Acompañados de alrededor de 150 personas, comenzaron a montar carpas y encender fogatas, lo que llevó a la intervención de la policía el día siguiente.
El Ministerio Público Fiscal ordenó que los ocupantes evacuaran el lugar en un plazo de 30 minutos, pero los tres imputados y los demás presentes se negaron a irse, permaneciendo en el predio hasta el 26 de agosto. La fiscalía sostiene que la toma estuvo organizada a través de grupos de WhatsApp, donde los acusados eran administradores, lo que indica una planificación previa antes de la ocupación.
Para avanzar en la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los detenidos, resultando en el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El fiscal Narvaez aclaró que se realizarán pericias informáticas para analizar estos dispositivos y poder identificar a otros implicados en la organización de la usurpación.
Los tres acusados enfrentan cargos de usurpación por despojo, en calidad de coautores, y la querella presentada por la Asociación Civil Patagonia Rugby Club apoya esta acusación. Durante la audiencia, el juez Marco Lupica Cristo aceptó los cargos y abrió una investigación preliminar por cuatro meses.
Como medidas cautelares, el fiscal solicitó que J.L.V. se presente cada 15 días ante las autoridades y que A.D.R. y E.A.A. lo hagan mensualmente. También se les impuso la restricción de acercarse al predio a menos de 100 metros y de contactarse con otras personas involucradas en la ocupación durante un periodo de cinco meses. Narvaez justificó estas acciones en los riesgos de fuga y la posibilidad de obstaculizar la investigación.
Este caso pone de manifiesto el creciente problema de las ocupaciones ilegales en la región, un fenómeno que ha generado tensiones en diversas comunidades. A medida que avanza la investigación, se espera que se adopten medidas más firmes para abordar este tipo de situaciones.