Detienen a Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira, por irregularidades en contratos

Hernando Deluque, exgobernador del departamento de La Guajira, Colombia, fue detenido el 25 de julio de 2026 en Riohacha en cumplimiento de una orden judicial. La condena surge a raíz de un fallo confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo halló culpable de irregularidades en los procesos de contratación que se llevaron a cabo durante su gestión. Esta decisión representa un nuevo capítulo en un caso que ha estado bajo un intenso análisis y revisión por parte de las autoridades judiciales.

La Corte había anulado previamente una condena que pesaba sobre Deluque y otros exgobernadores en junio de 2025, donde se evidenció una discordancia entre los hechos que se le imputaban y los argumentos finales usados en su sentencia. En este nuevo fallo, la Corte ratificó que Deluque había incurrido en delitos relacionados con la administración de recursos públicos, específicamente en la contratación de una obra vial en su jurisdicción.

El caso de Deluque no es aislado; anteriormente, tres exgobernadores de La Guajira enfrentaron condenas por conductas similares, involucrando problemas en la contratación estatal. La Sala Especial de Primera Instancia había determinado que estos exfuncionarios, incluido Deluque, participaban en el fraccionamiento irregular de contratos, lo cual contraviene los principios de transparencia y selección objetiva requeridos en la contratación pública. Esta situación había llevado a penas significativas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

El contexto de corrupción en la gestión de los recursos públicos en territorios como La Guajira ha sido objeto de atención en Colombia, donde las prácticas indebidas han mermado la confianza en las instituciones. La captura de Deluque resuena en un marco más amplio de intentos por parte del sistema judicial colombiano de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas entre los funcionarios públicos.

Las implicancias de la decisión de la Corte son significativas, ya que reabren una revisión del caso bajo nuevos criterios y podrían impactar en la percepción pública sobre la corrupción en la política regional. La sentencia original que se anuló había establecido penas de hasta 9 años de prisión y multas considerables para los implicados, lo que refleja la gravedad de los crímenes asociados con la corrupción política en el país.

Con esta captura, se busca también dar un mensaje claro acerca del compromiso de las autoridades judiciales en la lucha contra la corrupción, mostrando que incluso figuras destacadas como un exgobernador pueden ser sometidas a la justicia si se comprueban irregularidades en la gestión pública. La evolución de este caso continuará siendo observada de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación en Colombia.