Detienen a hombre acusado de abusar de su hijastra y dejarla embarazada

Alberto Martín Del Valle, un hombre de 47 años, fue arrestado tras haber estado prófugo durante más de 14 años. Las autoridades lograron su captura en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde estaba escondido tras haber sido acusado de abusar sexualmente de su hijastra, quien en ese momento tenía solo 11 años. La condena por los abusos presuntamente ocurridos en 2009 implica serias acusaciones que lo llevaron a estar en la mira de la justicia durante más de una década.

La investigación en su contra comenzó en 2009 en la localidad de Puan. Durante años, se confirmó que Del Valle amenazaba a la menor para que no revelara los abusos que sufría. A pesar de múltiples intentos de captura, no fue hasta ahora que las fuerzas de seguridad pudieron apresarlo. Actualmente, se encuentra detenido en una comisaría de Coronel Pringles, aunque su traslado a una unidad penitenciaria en Bahía Blanca fue cancelado por razones de seguridad.

Una vez detenido, Del Valle hizo varias exigencias a las autoridades carcelarias, solicitando no ser alojado con otros reclusos y pidiendo un traslado a una unidad penal más cercana a su familia en el Gran Buenos Aires. Asimismo, se negó a declarar ante la justicia durante su primera audiencia, celebrada por videoconferencia, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre su voluntad de cooperar con el proceso judicial.

Desde su defensa, se presentó un habeas corpus con el argumento de que el delito de abuso por el que fue buscado había prescripto en 2022, lo que, de ser cierto, podría invalidar su arresto. Este pedido fue desestimado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, que instó a resolver su situación procesal con celeridad. El rechazo a su liberación ha reavivado el interés social sobre el caso, que es considerado un emblemático dentro del contexto de la lucha contra el abuso sexual infantil en Argentina.

El fallo de la justicia también destacó que la Cámara de Apelaciones había revocado decisiones anteriores del Juzgado de Garantías que decían que la acción penal estaba extinguida, lo que sugiere un camino aún complejo ante la legalidad de los cargos. La comunidad y las víctimas de abusos han mantenido la atención sobre este caso, instando a que se haga justicia del modo más expeditivo posible.