Detienen a mujer por ejercer como bioquímica con matrícula falsificada en Neuquén
La fiscalía de Neuquén investiga a una mujer por ejercer ilegalmente como bioquímica en dos establecimientos de salud, utilizando una matrícula fraudulenta. La acusada, que podrá continuar el proceso en libertad, fue identificada tras una inspección sanitaria en enero de 2025.
Una mujer ha sido acusada de ejercer ilegalmente la profesión de bioquímica en Neuquén, tras ser descubierta utilizando una matrícula falsa en clínicas de la ciudad. La fiscal Paula González presentó los cargos correspondientes, y la imputada enfrenta serias acusaciones debido a su actividad ilícita, aunque se le permitió continuar el proceso en libertad.
El hecho se reveló durante una inspección de rutina realizada el 17 de enero de 2025 por parte de la Subsecretaría de Salud provincial. Durante la evaluación sanitaria, los inspectores identificaron a la mujer llevando a cabo actividades propias de la bioquímica. Al verificar la matrícula que presentó, se constató que el número no correspondía a ninguna profesional habilitada en el sistema de salud provincial, desencadenando así la investigación correspondiente.
La acusada tuvo dos períodos de actividad en clínicas locales, primero trabajando en un laboratorio de una clínica pediátrica desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2024 y luego en un laboratorio de una cooperativa de salud desde diciembre de 2024 hasta enero de 2025. En ambos casos, utilizó documentación falsa para conseguir su empleo, lo que ahora la coloca en el centro de una investigación judicial por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, en virtud de lo dispuesto por el Código Penal.
La fiscalía ha reunido evidencia clave para respaldar los cargos, incluyendo la denuncia de la Subsecretaría de Salud, el acta de la inspección y testimonios de inspectores que constataron la situación de la mujer en ambas clínicas. Esta situación pone de manifiesto la importancia de los controles en el sistema de salud y la necesidad de garantizar que los profesionales que atienden a pacientes cumplan con las normativas establecidas.
El juez de garantías, Marco Lupica Cristo, admitió los cargos formulados por la fiscalía y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación preparatoria. A pesar de la gravedad de la acusación, la fiscal no solicitó medidas coercitivas, lo que permite a la acusada enfrentar el proceso judicial en libertad mientras continúan las averiguaciones.
Este caso provoca preocupación en la comunidad médica y entre los ciudadanos, dado que atenta contra la seguridad de los pacientes. La existencia de profesionales no habilitados pone en riesgo la calidad de la atención médica en la provincia, y resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y validación de títulos en el ámbito de la salud.