Devolvieron vehículo a agricultor acusado de manejar ebrio sin pruebas

Un agricultor de General Conesa se vio envuelto en un inusual conflicto legal tras un operativo de tránsito en el que los inspectores municipales le retuvieron su camioneta Chevrolet S10 y su licencia de conducir. Según el acta presentada por las autoridades, el hombre habría consumido alcohol mientras conducía y obstaculizado el procedimiento de control. Sin embargo, el agricultor defendió su postura alegando que su vehículo estaba estacionado y que la persona que había estado bebiendo era un acompañante con el que conversaba en ese momento.

El punto central de la defensa del agricultor radicó en que, en ningún momento, se le realizó la prueba de alcoholemia correspondiente, ya que el alcoholímetro de la municipalidad se encontraba roto o fuera de servicio. A pesar de la acusación, el hombre intentó demostrar su inocencia, dirigiéndose a distintas dependencias municipales, a un hospital y a un laboratorio privado, pero no logró que se le practicara el test. Ante la falta de resultados, presentó una denuncia en la Comisaría 20 documentando sus esfuerzos por confirmar su estado.

El caso llegó a la esfera judicial y fue analizado por un magistrado quien detectó varias irregularidades en el procedimiento municipal. En su evaluación, subrayó que el acta acusatoria carecía de una medición técnica o un análisis corroborativo del estado del conductor. Además, el juez aclaró que la ausencia de pruebas no se debía a una negativa del agricultor, sino a la falta de un instrumental oficial operativo en el momento del control.

Otro aspecto relevante para la decisión judicial fue el impacto en el ámbito laboral del agricultor, quien utiliza su camioneta como herramienta de trabajo en sus actividades productivas. La justicia consideró que privarlo de su vehículo podría acarrear un perjuicio significativo e irreparable a su actividad económica.

Por estas razones, el magistrado emitió una medida cautelar a favor del agricultor, ordenando a la municipalidad que le restituyera su vehículo y su licencia dentro de un plazo de 24 horas. Se dejó en claro que la devolución no podía estar sujeta al pago previo de multas o costos de acarreo. Sin embargo, la sentencia también estipuló que esta medida es provisoria y que el municipio tiene la potestad de continuar con el procedimiento administrativo para evaluar si corresponde aplicar la sanción correspondiente con las debidas garantías legales.