Diego Mauro, el único imputado por Viento Sur, a juicio por defraudación

Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), se convierte en el único acusado que enfrentará juicio por la causa relacionada con la Cooperativa Viento Sur. La jueza Natalia Pelosso decidió sobreseer a otros ocho implicados, incluidos exministros del gobierno provincial, mientras que para seis integrantes de la cooperativa se dispuso una suspensión del juicio a prueba por un año y medio. Esta situación ha generado un amplio respaldo de organizaciones sociales que se manifestaron en las afueras del Ciudad Judicial en Neuquén.

Mauro ha señalado que la decisión de la jueza refleja la falta de consistencia en la acusación de la Fiscalía, que había presentado a su entender un intento de escarmentar a las organizaciones sociales de la provincia. En su defensa, argumentó que la Fiscalía había fallado en demostrar una planificación criminal y desestimado el enriquecimiento personal de los miembros de las organizaciones acusadas. Destacó que el 93% de los fondos gestionados fueron destinados a ayudar a las familias, con apenas un pequeño porcentaje utilizado para compra de materiales y herramientas de capacitación.

Durante las audiencias, los abogados de Mauro lograron presentar pruebas que desbarataron gran parte del núcleo acusatorio. En particular, la jueza Pelosso cuestionó la credibilidad de la única testigo presentada por la Fiscalía, contribuyendo así a debilitar los cargos en contra de otros miembros de la cooperativa. Solo queda la acusación contra Mauro que se relaciona con la compra de terrenos y vehículos financiados con recursos de programas de capacitación laboral.

Mauro ha atendido a diferentes medios donde ha expuesto su preocupación por lo que considera una persecución sistemática a los líderes de organizaciones sociales en un contexto político complejo. Atribuye este proceso judicial a un intento de acallar las voces de quienes luchan por los derechos de la gente en momentos donde la anterior gestión buscaba poner “orden” en la provincia. En declaraciones públicas, dejó entrever que su figura había tomado relevancia mediática en un contexto donde el gobierno de Rolando Figueroa comenzó a diseñar políticas más restrictivas hacia la protesta social.

A medida que el juicio se aproxima, la tensión entre las organizaciones sociales y el estado provincial se intensifica, pues muchos creen que este caso podría sentar un precedente para futuros conflictos en la relación entre las autoridades y los referentes comunitarios. Las próximas audiencias y el desarrollo del proceso judicial serán observados de cerca, tanto por sus implicaciones legales como por el contexto social y político en Neuquén.

El caso de Viento Sur no solo es un tema legal, sino que también toca fibras sensibles en términos de derechos sociales y la lucha por la justicia en la provincia. Así, la sentencia que se emita podrá tener efectos a largo plazo en las dinámicas sociales de la región, especialmente para quienes operan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la asistencia comunitaria.