Diez personas imputadas por explotación ilegal de juegos de azar en Chubut
Diez personas han sido imputadas en Chubut por participar en una red de juegos de azar ilegales. Las apuestas se realizaban a través de plataformas electrónicas sin la respectiva autorización del Instituto de Asistencia Social.
Tras cuatro audiencias en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce ha dictado la apertura de una investigación preparatoria contra diez individuos por su supuesta participación en una organización dedicada a la explotación ilegal de juegos de azar. Estas actividades se realizaban a través de medios electrónicos y plataformas clandestinas, sin contar con la autorización del Instituto de Asistencia Social, que había presentado la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Los imputados, quienes cumplen funciones de cajeras y cajeros dentro de la red, eran responsables de manejar el dinero de las apuestas mediante billeteras virtuales. Esta conducta es penalizada por el artículo 301 bis del Código Penal, que establece sanciones para quienes operen juegos de azar sin la debida autorización, abarcando tanto los locales no habilitados como las plataformas en línea.
Las audiencias, que se llevaron a cabo de manera remota a través de Zoom, permitieron a los acusados escuchar los cargos en su contra. De los diez imputados, tres contaron con defensores privados, mientras que en un caso particular, una mujer emprendedora y desocupada de Comodoro Rivadavia fue asistida por una defensora particular. El Ministerio Público Fiscal, que representó al Estado provincial y al Instituto de Asistencia Social como víctima de estos delitos, estuvo a cargo de la fiscal general Eugenia Domínguez y la funcionaria Ruth Saigg.
Todos los acusados son oriundos de Comodoro Rivadavia y Esquel, y se los investiga por ser presuntos autores o cómplices de la operación de una red de apuestas ilegales. La investigación sugiere que las apuestas se gestionaban a través de redes sociales y cuentas electrónicas, facilitando el flujo de dinero dentro de esta estructura clandestina.
La duración de esta investigación está establecida en un plazo de seis meses, durante el cual se evaluarán las pruebas y testimonios con el fin de definir la situación procesal de los imputados. Este caso pone en relieve la creciente preocupación por la proliferación de juegos de azar no regulados en la provincia, un tema que afecta tanto a la legalidad como a la economía local.