Diez policías imputados por irregularidades en el femicidio de Natalia Cruz

El Ministerio Público Fiscal de Salta ha imputado a diez efectivos policiales por incumplimientos en sus funciones relacionadas con el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), detalla que Cruz había denunciado reiteradamente a su expareja por violencia de género, lo que derivó en una orden de custodia policial en su vivienda que nunca se llevó a cabo.

El femicidio se produjo cuando Daniel Orlando Serapio ingresó a la casa de Cruz y la asesinó. Posteriormente, confesó el crimen a la madre de la víctima y logró escapar, siendo detenido dos semanas después en una cueva de la precordillera salteña. La situación ha generado una fuerte indignación en la comunidad, ya que la protección que la justicia debía proporcionar a la víctima no fue cumplida.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es que, tras el feminicidio, algunos policías habrían elaborado un informe falso que pretendía demostrar que se había intentado cumplir con la custodia policial. Esta acción ha llevado a que los fiscales de la UFEM requieran responsabilidades no solo por incumplimiento de funciones, sino también por la falsificación de documentos.

Entre los imputados están el jefe de la comisaría y el jefe de guardia, quienes enfrentan cargos por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Varios otros agentes están acusados por no haber adoptado medidas eficaces para garantizar la protección de Cruz, evidenciando una falta sistemática en el trato de casos de violencia de género.

La investigación está dirigida por la fiscal María Luján Sodero Calvet y ha revelado anormalidades adicionales relacionados con el manejo de denuncias de violencia de género en los primeros meses de 2026. La Procuración General de Salta ha constituido una unidad especial para investigar a fondo estas irregularidades, lo que refleja la gravedad del problema institucional que enfrenta la fuerza policial respecto a la protección de las víctimas.

Mientras la investigación avanza, Daniel Orlando Serapio continua bajo prisión preventiva, enfrentando cargos por el femicidio de Natalia Cruz, y otras dos personas han sido detenidas por su participación en el encubrimiento del fugitivo. Esta situación pone de manifiesto no solo la necesidad de evaluar y reformar procedimientos dentro de la fuerza policial, sino también la importancia de garantizar la protección efectiva de las mujeres en situación de riesgo.