Diez policías imputados por irregularidades en femicidio en Salta

El femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano, Salta, ha desencadenado la imputación de diez efectivos policiales por diversos delitos relacionados con el incumplimiento de sus funciones. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) lleva adelante la causa, que ha puesto en evidencia graves irregularidades, sobre todo en lo que respecta a la protección que debió haber recibido Cruz tras realizar repetidas denuncias contra su expareja, Daniel Orlando Serapio.

A pesar de que la Justicia había dictado una consigna policial permanente en la vivienda de Cruz para garantizar su seguridad, esta medida no fue implementada, según los informes. El trágico desenlace llegó cuando Serapio ingresó a su hogar y la asesinó. Luego de confesar el crimen a la madre de la víctima, se dio a la fuga, siendo detenido dos semanas más tarde en una cueva de la precordillera.

Investigaciones posteriores revelaron que después del crimen, algunos policías habrían creado un informe falso para hacer parecer que se había intentado cumplir con la consigna de protección. Esta falsificación de documentos ha llevado a acusaciones de encubrimiento y compromiso de la integridad institucional de la fuerza. Los fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria están a cargo de la causa, que ha establecido una unidad especial para abordar la gravedad de las irregularidades.

Las imputaciones incluyen a funcionarios de alta jerarquía en la comisaría, quienes habrían facilitado la elaboración de documentos apócrifos, además de incumplir con las órdenes judiciales. Otros miembros de la fuerza también enfrentan cargos por no adoptar medidas adecuadas para proteger a Cruz, lo cual resalta problemas de control y procedimiento en el tratamiento de casos de violencia de género durante el año.

La reconstrucción de los hechos se sustenta en un análisis exhaustivo de documentación oficial, seguido de declaraciones de testigos y registros administrativos. Mientras tanto, Serapio continúa en prisión preventiva, enfrentando una acusación formal por el femicidio, a la que se suman otros dos imputados por encubrimiento agravado, quienes habrían colaborado en su fuga.

Este caso ha generado un debate sobre las estructuras de protección en situaciones de riesgo y pone de manifiesto las falencias del sistema judicial frente a la violencia de género en Argentina, un flagelo que afecta a numerosas mujeres en la región y en el país. La atención mediática y la intervención de organismos de derechos humanos son indicativos de la necesidad de mejoras en el manejo de estos delicados casos.