Diputado Castagneto se opone a base militar compartida en Ushuaia

El diputado nacional Carlos Castagneto, de la agrupación Fuerza Patria, manifestó su rechazo a la idea de que una nueva base militar en Ushuaia esté controlada por países extranjeros. En declaraciones recientes, Castagneto remarcó que no dará su aprobación si la instalación no permanece bajo el total control argentino.

Castagneto enfatizó que la discusión sobre la base no debería limitarse a un simple sí o no al proyecto, sino que es esencial conocer las condiciones que regirán la construcción y operación de la misma. En particular, exigió claridad sobre el financiamiento, la participación de la mano de obra nacional y las proyecciones operativas para los próximos veinte años: "Es fundamental que se asegure que se empleará mano de obra argentina y que se aclare el origen de los fondos", dijo.

El diputado no se opone de entrada a la iniciativa del Gobierno, siempre y cuando estas condiciones sean cumplidas. "Si las condiciones se garantizan, estaré de acuerdo con el proyecto. No se trata de ser oposición por sistema", indicó Castagneto, mostrando una apertura a la colaboración con el Gobierno bajo circunstancias favorables.

La conversación acerca de la base militar también abordó la problemática de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Castagneto criticó la falta de acción del Gobierno en defender la soberanía del país ante organismos internacionales y cuestionó la autorización de empresas en actividades relacionadas con recursos ubicados en la zona de exclusión de las Malvinas. Mencionó un caso específico donde una empresa, bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, estaba operando en esa área.

El legislador también opinó sobre la política oficial, sosteniendo que el Gobierno argentino no ha defendido la posición soberana de modo efectivo, una crítica que refuerza su postura en favor de mejorar la protección de los recursos argentinos en esas aguas.

En otro tema, Castagneto presentó un nuevo proyecto de ley para fomentar el deporte adaptado y paralímpico a través de incentivos fiscales. La propuesta sugiere que un porcentaje de los aportes de responsabilidad social empresarial sea destinado a deportes inclusivos, sin representar un costo adicional para el Estado.

Este enfoque busca no solo impulsar el deporte entre los sectores menos representados, sino también articular una colaboración entre el sector privado y el impulso estatal hacia prácticas inclusivas, marcando una distinción clara en sus propuestas legislativas.